La Audiencia de Palma inició ayer el juicio contra una banda acusada de traficar con cocaína en Eivissa y Palma en 2016 y 2017. La vista oral acogió las cuestiones previas que plantearon los abogados defensores. Los letrados pidieron al tribunal de la sección segunda la nulidad de las intervenciones telefónicas y de los registros domiciliarios por falta de motivación del juez de instrucción.
El fiscal se opuso en rotundo a esta petición y reclamó a la sala que desestime todas las cuestiones previas planteadas al considerar que no se ha producido una vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Según su versión, los pinchazos telefónicos están claramente justificados.
El ministerio público también recalcó que ha habido control judicial en el procedimiento, en respuesta a una de las defensas, que indicó que las intervenciones telefónicas se acordaron sin ningún tipo de control judicial. Otro abogado detalló que la Policía Nacional mintió en un oficio, por lo que pidió la nulidad de las diligencias que se abrieron en Palma debido a la detención de una 'correo' en el aeropuerto de Son Sant Joan con más de un kilo de cocaína el 8 de marzo de 2017.
Los siete acusados se enfrentan a peticiones de pena de ocho y nueve años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de integración en grupo criminal. Tres de ellos se encuentran presos en Eivissa, dos en Palma y los otros dos están libres.
Según la fiscalía, los sospechosos funcionaban como una estructura perfectamente organizada que se dedicaba a traficar con cocaína en Eivissa en 2016 y 2017. El grupo estaba dirigido por dos encausados, de origen colombiano, que junto con su lugarteniente presuntamente distribuían drogas en Eivissa a los vendedores finales. El grupo se abastecía de otro acusado, quien supuestamente traficaba con drogas en Palma. Este hombre contrató a una 'correo' para que trajera a Mallorca 1,27 kilos de cocaína.
