El cabecilla de la banda que alquilaba pisos que no eran suyos en los edificios Pullman, en Cala Major, que el pasado viernes ingresó en prisión por orden judicial, es un antiguo presidente de la comunidad, por lo que tenía valiosa información sobre las viviendas que habían quedado vacías. En la operación de la Policía Nacional, adelantada en exclusiva por DIARIO de MALLORCA, los agentes arrestaron a siete personas integrantes de un grupo dedicado a estafar a personas de pocos recursos alquilándoles apartamentos cuyos propietarios reales ya habían fallecido o bien que habían sido embargados por los bancos.
A los detenidos se les imputa un rosario de delitos como estafa, fraudes procesales, coacciones, desobediencia a la autoridad judicial, falsedades documentales y alzamiento de bienes. Entre los sospechosos se encuentra el jefe de la banda que el viernes pasado fue encarcelado, su mujer y su hijo, además de un abogado que presuntamente elaboraba demandas judiciales falsas.
El líder del grupo fraguó la trama alrededor de tres edificios de apartamentos de Cala Major cuyas comunidades de vecinos había presidido hace una década, motivo por el cual tenía conocimiento de que algunos de los domicilios estaban en situación de abandono, bien por pertenecer a extranjeros que adquirieron los apartamentos en los años 80 como residencia vacacional y que ya habían fallecido años atrás sin que sus herederos hubieran hecho gestiones desde sus países de origen para reclamar las herencias o bien por pertenecer a entidades bancarias por razón de embargos, las cuales no estaban gestionando dichas viviendas por razón de su estado.
El cabecilla del entramado inició reformas en varios de los apartamentos alquilándolos posteriormente a personas de escasos recursos desde el año 2010.
Estudios de 25 metros
Según fuentes policiales, los inmuebles que arrendaban de forma fraudulenta eran estudios de menos de 25 metros cuadrados pensados como residencias para cortas estancias vacacionales que luego se convertían en residencias permanentes, llegando en algunos casos a hacinarse en esas infraviviendas familias de hasta seis miembros.
La Policía Nacional comprobó que los detenidos habían montado una instalación eléctrica clandestina, instalando en un sótano de uno de los edificios un cuarto de contadores ilegal, desde el que distribuían la electricidad a los apartamentos mediante cables que discurrían por los pasillos e incluso el interior de algunos pisos, pudiendo así cortarla a voluntad para presionar a sus víctimas.
En algunos casos, ante los inquilinos morosos que no cedían a las coacciones, los detenidos llegaron a presentar demandas contra ellos tratando de engañar a los juzgados para hacerles creer que los arrendamientos eran legales, para que los jueces desahuciaran a los estafados que no seguían pagando cada mes y así poder estafar a nuevas víctimas.
En uno de esos procedimientos, el inquilino, desconfiando que la vivienda podía no ser de los sospechosos, hizo gestiones en el Registro de la Propiedad y acreditó que el apartamento era de otras personas, acordando el juzgado el precinto del inmueble.
Los detenidos llegaron a violentar el precinto judicial y alquilar de nuevo el piso, esta vez a una familia extranjera que se quedó estupefacta al acudir la Policía Nacional a la vivienda a comprobar los hechos y descubrir el engaño.
No bastándoles el dinero obtenido ilícitamente de los alquileres, los sospechosos decidieron obtener la propiedad de los inmuebles de forma ilegal, demandando falsamente a los dueños.
