La Audiencia de Palma juzgó ayer a tres prestamistas, dos de ellos antiguos empleados de banca, por estafar a un discapacitado psíquico y a su madre, que falleció hace tres años, con la concesión de créditos hasta el punto de hipotecarles su casa a finales de 2007, domicilio que estuvieron a punto de perder al salir a subasta.

La fiscal solicitó ayer una pena de siete años y medio de prisión para un abogado reincidente, con una condena anterior por estafa, por un delito de estafa agravada recayendo sobre vivienda y con aprovechamiento de la credibilidad profesional. El acusado se acogió a su derecho a no declarar y su letrado defensor, Guillem Cladera, pidió la libre absolución y destacó que no es abogado.

Mientras, el ministerio público reclamó para los otros dos sospechosos, exempleados de banco, sendas penas de cinco años de cárcel. Sus defensas pidieron la libre absolución.

Uno de ellos, defendido por el abogado Gabriel Garcías, recalcó que no conocía a los denunciantes. Según su versión, pagó 58.000 euros por una letra de cambio y otros 37.000 euros para cancelar una hipoteca como inversión. Este dinero lo entregó en efectivo a otro de los sospechosos. "Yo no he estafado a nadie. He perdido 94.000 euros. Al final renuncié a que se subastara la casa por consejo del abogado", indicó.

El tercer acusado solo respondió a su abogado y explicó que se dedicaba a conceder pequeños préstamos, junto con el primer sospechoso. El perjudicado, con una discapacidad del 67%, dijo que recibió 6.000 euros, firmó una hipoteca pero que no se enteró de que tenía que pagar más de 100.000 euros en once meses hasta que le notificaron que iban a subastar su casa en 2010.

La fiscal recalcó que hubo engaño, ánimo de lucro y que se aprovecharon de dos personas vulnerables que no entendían lo que firmaban. Las defensas indicaron que no se cumplen los requisitos para el delito de estafa.