La Audiencia de Palma ha impuesto una pena de cuatro años de prisión para una mujer ecuatoriana de 65 años que se apropió de 40.000 euros de un anciano al que cuidaba. El tribunal considera que la mujer se aprovechó de la confianza de la víctima, un teniente coronel del Ejército retirado que tenía una posición económia desahogada, en especial desde que su salud se deterioró. El hombre le permitía extraer dinero sin control de sus cuentas para atender los gastos de la casa y su salario, situación de la que se valió la mujer para quedarse con una importante cantidad a lo largo de dos años.

Según quedó probado en el juicio, celebrado el mes pasado en la Audiencia, la mujer, nacida en Ecuador hace 65 años, empezó a trabajar en 1997 como cuidadora personal de la víctima, un teniente coronel del Ejército retirado que tenía entonces tenía 79 años. Se instaló con él en su casa, en Palma, hasta enero de 2015, cuando el deterioro de la salud del anciano llevó a su familia a ingresarle en una residencia.

Durante estos casi veinte años, el anciano tuvo plena confianza en ella, ya que se encargaba del cuidado de la casa y de antender sus necesidades. El militar jubilado permitía que la mujer le acompañara a realizar gestiones a las entidades bancarias donde tenía cuentas abiertas y a extraer dinero de los cajeros automáticos. La confianza llegó al extremo de que el anciano le dijo los números secretos para poder sacar dinero del cajero, de manera que a veces acudían juntos a realizar las extracciones y otras veces iba ella sola. Este dinero se utilizaba tanto para atender los gastos de la casa como para pagar el salario de la cuidadora.

El militar estaba en una situación económica acomodada, y estos gastos eran elevados. Durante el juicio quedó acreditado que, entre 2010 y 2012 la cantidades anuales que extraían oscilaban entre los 25.000 y los 30.000 euros, con unos gastos mensuales de casi 3.000 euros.

Pero estas cantidades se incrementaron notablemente a partir de septiembre de 2013, cuando el anciano sufrió una caída que le produjo una fractura en una pierna, lo que le provocó serios problemas de movilidad. Meses después su estado de salud se agravó, hasta que en enero de 2015 su familia tuvo que ingresarle en una residencia.

Esta situación fue aprovechada por la cuidadora, que se había quedado con las cartillas del banco, para "beneficiarse económicamente", según la sentencia. Durante el año 2013 los reintegros en efectivo de sus cuentas (sin contar gastos domiciliados, como la luz o el teléfono) se elevaron a 40.180 euros. Al año siguiente, en 2014, esta cantidad se incrementó de forma notoria, hasta los 60.000 euros.

40.000 euros en dos años

La Audiencia considera que estas extracciones exceden sobremanera las cantidades que el anciano necesitaba para atender sus necesidades, los gastos domésticos y el salario de la cuidadora. La mujer obtuvo estas sumas sin la autorización ni conocimiento del propietario. El tribunal estima que la cantidad de la que se habría apropiado durante estos dos años se elevaría a 40.210 euros.

Las irregularidades fueron descubiertas por la familia del militar tras su ingreso en la residencia, cuando revisaron las cuentas y descubrieron un claro desfase.

El anciano falleció en febrero de 2016, pero llegó a declarar durante la instrucción del caso. El hombre mantuvo que siempre había tenido confianza en la cuidadora, por lo que no controlaba las libretas bancarias, y que no se enteró de las "raterías", como denominó las acciones de la mujer, hasta que auditaron las cuentas.

Por su parte, la acusada negó las acusaciones durante el juicio. Admitió que cuando su empleador ya no pudo desplazarse hasta el banco era ella la que, con su consentimiento, realizaba las extracciones, pero que siempre le entregó el dinero. Añadió que el hombre tenía un problema con el juego y se gastaba unos 50 euros semanales en lotería y otros sorteos. Este extremo fue negado por los familiares del fallecido.

Finalmente el tribunal ha asumido la tesis mantenida por el fiscal y la acusación particular, representada por Carlos Portalo, y ha condenado a la mujer como autora de un delito de apropiación indebida agravado a la pena de cuatro años de prisión, y una multa de seis euros diarios durante diez meses. La Audiencia le impone también una inhabilitación especial para el empleo de cuidadora "o monitora geriátrica o cualquier profesión que suponga la atención o cuidado de personas mayores o ancianos, tanto enel ámbito residencial como en su propio domicilio". También deberá indemnizar a la familia del anciano con 40.210 euros.