Un profesor de un instituto de Llucmajor fue condenado ayer en Palma por descargar y compartir decenas de archivos de pornografía infantil a través de Internet. El docente aceptó una pena de 18 meses de prisión, que queda suspendida, y su inhabilitación para realizar cualquier trabajo con menores durante seis años y medio. El hombre, de 54 años, admitió los hechos tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.

La investigación que ha llevado al docente al banquillo se inició en Estados Unidos. Una ONG de protección de la infancia con sede en ese país alertó a la Policía Nacional de que un usuario de nombre 'vicioso53' había colgado y compartido el 1 de julio de 2016 una imagen de pornografía infantil en la red. Lo hizo mediante un servicio de chat desechable, que se elimina tras su uso.

El grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid abrió una investigacióin y localizó el lugar desde el que se había remitido la fotografía. Era un domicilio de Palma.

Los agentes de Mallorca llevaron a cabo el 3 de mayo de 2017 un registro en la vivienda, donde residía un profesor que trabajaba en un instituto público de Llucmajor. Los investigadores intervinieron discos duros, ordenadores, lápices y tarjetas de memoria, tabletas electrónicas, una cámara de fotos y un teléfono móvil. Todo el material fue examinado durante semanas.

La Policía encontró en estos dispositivos registros de 26 descargas de archivos con nombres pedófilos, registros de conversaciones con otro usuario de Internet con el que compartió tres fotografías de menores en actitud sexual y 24 imágenes de menores manteniendo relaciones con adultos.

Además, aparecieron más de 500 fotografías de niñas y adolescentes desnudas o en topless tomadas de manera furtiva en playas. Los investigadores intentaron esclarecer si las había tomado el sospechoso en Mallorca o alguien se las hizo llegar. Finalmente, esta serie de imágenes no han sido objeto de acusación por parte de la fiscalía.

Tras el hallazgo de todo este material, la Policía detuvo al profesor en julio de 2017. El hombre quedó en libertad tras ser puesto a disposición judicial.

El ministerio público, en su escrito de conclusiones provisionales, calificó los hechos como un delito de corrupción de menores y reclamó tres años de cárcel para el profesor, otros tantos de libertad vigilada y cino de inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto directo con menores.

La fiscal y el letrado del acusado alcanzaron un acuerdo de conformidad antes del juicio, celebrado ayer en un juzgado de lo penal de Palma. El procesado admitió los hechos ante la magistrada y acató las penas pactadas por su abogado y el ministerio público. Aceptó así 18 meses de prisión, que se suspenden durante tres años a condición de que participe en un programa de educación sexual. Además, la inhabilitación que le impide dar clase a menores será de seis años y medio y no podrá acudir a locutorios para evitar que reincida sin ser identificado durante tres años.