Los hijos de Lucía Patrascu, la mujer de 47 años de origen rumano asesinada a puñaladas presuntamente por su marido en el balcón de casa en el Port de Pollença el pasado 29 de mayo de 2016 cuatro horas después de personarse en el cuartel de la localidad, han recurrido el archivo de la causa contra los dos guardias civiles investigados por una presunta negligencia por no tomarle la denuncia cuando ella acudió a las dependencias policiales poco antes de las seis de la mañana.
Los familiares de la fallecida, en su recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento provisional de un juzgado de Inca, piden a la Audiencia de Palma que revoque esta resolución y reabra el caso. Además, los recurrentes solicitan al tribunal que se cite a declarar como investigado a un tercer agente, que prestaba servicio de puertas en el puesto del Port de Pollença hasta las seis de la mañana de ese día y que se marchó de allí sin recoger la denuncia de la mujer ni esperar a su relevo, que llegó tarde, mientras Patrascu aguardaba en el cuartel.
La acusación particular, ejercida por el letrado Antoni Monserrat en representación de los hijos de Lucía Patrascu, también pide a la Audiencia de Palma que acuerde un careo entre dos guardias civiles testigos y uno de los primeros agentes investigados para aclarar si este último fue informado de que había una mujer esperando en las dependencias para interponer una denuncia contra su marido porque le tenía miedo.
El guardia imputado recalcó que nadie les dijo, ni siquiera la propia Patrascu, que ella quería denunciar a su esposo, Ioan Ciotau, quien horas después presuntamente acabó con su vida en el domicilio conyugal. Tanto este agente como el brigada investigado señalaron que ninguno de los guardias que asistieron antes a la mujer cuando llegó al cuartel les transmitieron las manifestaciones que les hizo Lucía. Esto se contradice con lo que dijeron los guardias al declarar como testigos en el juzgado. Según su versión, el agente del servicio de puertas esa mañana llegó tarde a su puesto de trabajo y se sorprendió al ver a la mujer en las dependencias. "Ah que es verdad que hay una señora para denunciar, que no es broma", les dijo. Según estos testigos, informaron a su compañero de que la mujer estaba esperando, que tenía miedo, que había sido agredida por su marido cuando estaba en el extranjero y que llevaba un mes viviendo fuera de su domicilio familiar con una señora a la que cuidaba. Incluso, luego se ofrecieron al guardia de puertas por si se quedaban allí, mientras él recogía la denuncia, pero el investigado les contestó que no hacía falta y que él ya se encargaba de tomar la denuncia.
Denuncia 'grave'
Uno de estos testigos detalló que en este caso no cabía duda de que se trataba de "una denuncia grave" y que por ello se informó por teléfono al guardia de puertas de que se diese prisa porque había una mujer esperando para denunciar. Según agregó, él entendió que era una Viogen (un caso de violencia de género) y no una cuestión civil, como señalaron los dos guardias investigados.
El juzgado de Inca encargado de investigar estos hechos archivó el caso a finales de febrero al concluir que no existía "responsabilidad penal alguna" respecto a los dos guardias civiles investigados y que los hechos no constituían un delito de omisión del deber de perseguir delitos. El abogado de los hijos de Patrascu resalta que, con independencia de que no se trate de una omisión del deber de perseguir delitos sino más bien de un delito de denegación de auxilio, hubo un "flagrante incumplimiento" del protocolo de violencia de género (Viogen) que en esas fechas estaba vigente.
La acusación particular destaca que Lucía Patrascu acudió de madrugada al cuartel de la Guardia Civil, "donde pretendía denunciar a su marido y buscar la protección de la fuerza pública, sin que se le diera respuesta alguna a ninguna de sus legítimas pretensiones". Horas después, fue asesinada por su esposo.
El recurso de apelación también incide en el incumplimiento del protocolo Viogen y detalla que hubo "negligencia" e "inobservancia" en el cumplimiento del protocolo, que establece que se hará la valoración de riesgo para la víctima una vez se le haya tomado la denuncia y, aun cuando el caso sea leve o de nivel 0, deben instruirse diligencias e informar a la perjudicada de sus derechos y los recursos a su disposición. En el caso de Patrascu, "nada de ello se cumplió", según la acusación.
El letrado abunda que "no cabe en la cabeza de nadie que una señora extranjera, rumana, se presente en horas tan intempestivas (5,45 h.) para llevar a cabo una conversación intrascendente sobre 'que quiere separarse'", en referencia al momento en el que Patrascu acudió al cuartel. Varios guardias testificaron que la mujer les dijo que tenía miedo de su marido, que la estaba acosando y que iba a denunciarle. La señora a la que cuidaba Patrascu confirmó su miedo y explicó que Lucía le indicó que había ido a la Guardia Civil y allí le dijeron que si no tenía golpes no podían hacer nada.
