"El 21 de julio de 2014 entramos en casa por la puerta con nuestras llaves. No nos escondimos. No pedimos permiso a mi marido, nunca lo hacíamos. No consideramos que tuviéramos que pedirle permiso porque la casa es de todos. Nadie tiene el uso exclusivo de la vivienda. Tenemos tanto derecho como él a vivir allí". Así de rotunda se manifestó una acusada ante el jurado popular que desde ayer la juzga en la Audiencia de Palma, junto con su hija, por un delito de allanamiento de morada por instalarse ambas en el domicilio familiar, una finca de Bunyola, diez años después de que la madre se separara de su esposo, en 2004.
La fiscal solicita un año y diez meses de cárcel para cada una, mientras que la acusación particular pide dos años de prisión. La defensa reclama la absolución. Su hija indicó ayer que aquella siempre había sido su casa, allí estaba empadronada y que su padre la denunció "creo que once veces".
