Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han tomado declaración en calidad de investigados a un hombre y su hijo, propietarios de una explotación agrícola de Capdepera, por colocar cebos envenenados para exterminar aves rapaces. En la inspección que los guardias realizaron en su finca descubrieron también media docena de plantas de marihuana, por lo que se les imputa además un delito contra la salud pública.

Según informaron ayer fuentes de la Guardia Civil, los miembros del Seprona iniciaron la investigación el pasado mes de junio, cuando agentes de Medio Ambiente encontraron en la Serra de Tramuntana un milano muerto y los restos de una tórtola que se había comido.

Los restos se enviaron a analizar, y los resultados demostraron que el ave rapaz había muerto al ingerir veneno que había sido colocado en los restos de la tórtola que se había comido.

Tras numerosas gestiones, el Seprona puso el foco en una finca rural ubicada en el término municipal de Capdepera. Los investigadores llevaron a cabo una inspección la semana pasada con un perro del Grupo Cinológico de la Guardia Civil adiestrado para localizar el rastro del veneno.

Con ayuda de este animal encontraron, en una caseta de aperos, un bote que contenía veneno y, en el vehículo de unos investigados, seis cebos ya preparados para su colocación. Se trataba de trozos de sobrasada envenenados.

La sustancia descubierta, conocida como como Aldicarb, es un pesticida muy tóxico, cuya venta está prohibida en toda la Unión Europea desde 2007.

Al parecer, los sospechosos envenenaban las aves rapaces para evitar que atacaran a los pollos del las gallinas de su granja. Los agentes tratan de determinar cuánto tiempo llevaban usando estos cebos envenenados.

Durante la inspección realizada en la finca, los agentes encontraron también seis plantas de marihuana a punto para ser cosechada y 4,5 kilos de cogollos, ya recolectados, y que se presume estaban dispuestos para la venta. Los sospechosos, un hombre y su hijo, están acusados de un delito contra el medio ambiente y otro contra la salud pública.