La fiscalía y los abogados de 33 miembros de una red de narcos que actuaba en Mallorca y Barcelona alcanzaron ayer un acuerdo para rebajar las condenas de los acusados. Las partes negociaron antes de la vista, celebrada en una abarrotada sala de la Audiencia de Palma, y solo cuatro de los 37 procesados rechazaron la propuesta de la acusación, que reducirá notablemente su petición de 358 años de cárcel para los sospechosos. Las defensas de estos cuatro acusados plantearon varias cuestiones previas al tribunal, como la nulidad de las escuchas telefónicas o las maniobras irregulares de los investigadores. El juicio se celebrará durante cuatro semanas entre enero y febrero del año que viene lo que obligará a habilitar un lugar especial por lo gran cantidad de acusados y letrados, aunque si a este principio de acuerdo se suman todos los imputados el caso quedará zanjado en una sola jornada.

El pacto alcanzado valida la tesis de la fiscalía a cambio de una reducción en las condenas solicitadas, de entre seis y 19 años de prisión para cada uno de los acusados por delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales. El ministerio público sostiene que los 37 sospechosos formaban una red, con varias ramas y formada principalmente por ciudadanos dominicanos, que entre abril de 2015 y agosto de 2016 se dedicó a distribuir importantes cantidades de cocaína y otras drogas en Mallorca y en Barcelona. En la isla, dos hombres estaban al frente de la organización y disponían de una extenso abanico de vendedores que daban salida a los estupefacientes, algunos de ellos propietarios de bares y pubs. Contaban incluso con un laboratorio en un piso de Palma para manipular y adulterar la cocaína. El dinero obtenido con el narcotráfico era lavado con diversos negocios aparentemente legales.

La Policía Nacional y la Guardia Civil pusieron fin a la actividad de la banda en Mallorca en junio de 2016, cuando 25 personas fueron detenidas en Palma, Illetes, PalmaMarratxí. Los agentes se incautaron de 2,5 kilos de cocaína y unos 70.000 euros en metálico. A finales de agosto de ese año, cayó también la parte de la organización que operaba en Barcelona, de donde procedía buena parte de la droga que manejaban en Mallorca.

La Audiencia Provincial quedó ayer blindada por la Policía, que desplegó más de 20 agentes tanto en el edificio como en su entrada principal, para la celebración de la vista previa del juicio. La mayoría de los 37 acusados continúan en prisión preventiva, por lo que fue necesario redoblar esfuerzos para mantenerlos bajo control durante su paso por la sede judicial. Varios quedaron recluidos en el único calabozo existente en la Audiencia, otros aguardaron en un pasillo y el resto en la sala de vistas de la sección primera, siempre bajo la estricta vigilancia de los policías.

Mientras, la fiscal y la treintena de abogados defensores negociaron durante algo más de una hora para alcanzar un pacto. Estas gestiones culminaron con un principio de acuerdo para 33 de los procesados, que se mostraron dispuestos a admitir los hechos a cambio de una rebaja en las condenas solicitadas inicialmente.

La vista se celebró en la sala del tribunal del jurado, atestada de acusados, policías para custodiarlos y letrados. Los abogados que no pactaron con el ministerio público plantearon al tribunal como cuestiones previas la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones de sus clientes y a la tutela judicial efectiva, al entender que debió ser la Audiencia Nacional y no un juzgado de Palma quien investigara los hechos. Además, consideran que la Guardia Civil manipuló sus investigaciones utilizando pinchazos telefónicos ya invalidados.