El capitán del mercante Don Pedro declaró ayer que si el timonel hubiese obedecido sus indicaciones y las del práctico "no hubiese habido ningún problema". El timonel, por su parte, sostuvo que él se limitó a cumplir las órdenes del capitán en todo momento. El Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa acoge desde ayer el juicio oral por el hundimiento del mercante, que ocasionó un gran vertido de combustible en las costas de la isla en 2007.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de julio de 2007, cuando el carguero de la empresa Iscomar chocó contra el islote de es Dau Gros, frente a las costas ibicencas, minutos después de zarpar del puerto de Eivissa con destino a Valencia.
El buque, de 141,55 metros de eslora, acabó hundido a 42 metros de profundidad y a un kilómetro y medio del dique de Botafoc, tras tomar un rumbo equivocado.
En la primera jornada la defensa de los acusados alegó que el ´´delito ya ha prescrito, mientras que la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento al considerar que el accidente se debió a un "error humano".
Por otra parte, diez acusaciones particulares, que representan a 25 empresas privadas y al Govern balear, reclaman a la compañía aseguradora y a la empresa propietaria del buque mercante más de 2,2 millones de euros por los daños causados por el naufragio.
Durante la vista oral, el abogado defensor de J.S.O.F, timonel del Don Pedro, alegó que esta "no es la causa del Prestige". El acusado respondió durante más de una hora a las preguntas de los abogados de las partes denunciantes y del Ministerio Fiscal y aseguró que él "se limitó a cumplir las órdenes del capitán".
´Tras el timonel le tocó declarar al capitán del barco, quien afirmó que "si el timonel hubiese obedecido sus indicaciones y las del práctico "no hubiese habido ningún problema"
En el momento de su naufragio, el Don Pedro portaba en su bodega un camión, plataformas vacías y varios contenedores. Además, el buque almacenaba en sus tanques unas 150 toneladas de fuel y gasóleo. Tras el hundimiento, parte de ese combustible llegó a diversas playas de Vila, Santa Eulària y Sant Josep, obligando a las autoridades a prohibir el baño durante varias jornadas, concretamente, hasta el 22 de julio.
Para justificar el sobreseimiento, el fiscal dice en su escrito que a pesar de que no puede negarse que se creara una «situación de riesgo» para el medio ambiente debido al vertido, «no se puede determinar si dicho riesgo pudo suponer en verdad un grave riesgo», debido, según indica, a que se desconoce cuánto combustible se vertió en el mar.
