La fiscalía solicita penas que suman 358 años de prisión para 37 presuntos miembros de una red de narcotraficantes que actuaba en Mallorca y Barcelona. Está previsto que el macrojuicio se celebre en las próximas semanas en la Audiencia de Palma. La organización, formada principalmente por ciudadanos dominicanos, introducía y distribuía en la isla importantes cantidades de estupefacientes. Disponían además de un laboratorio para manipular la droga y ocupaban viviendas vacías para almacenarla. La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, se incautaron de más de 2,5 kilos de cocaína cuando desmantelaron la red a mediados del año pasado. Los acusados están procesados por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, ya que habrían utilizado negocios aparentemente legales para lavar el dinero de la droga.
La banda actuó al menos entre abril de 2015 y agosto de 2016 con una sólida estructura, siempre según el escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía. Dos hombres dominicanos estaban al frente de la organización y contaban con una extensa red de distribuidores, algunos de ellos propietarios de bares y pubs. Para ocultar la droga alquilaban pisos en Palma e incluso ocupaban viviendas vacías, gracias a la colaboración del conserje de un edificio de la calle Bartomeu Fons, en Cala Major, donde llegaron a utilizar cuatro apartamentos. En otro inmueble, en la calle Francesc Martí i Mora, habían instalado un laboratorio para adulterar la cocaína.
Uno de los cabecillas, temiendo ser capturado, se mudó a Barcelona con su pareja en octubre de 2015. Allí entró en contacto con otro grupo de narcos, a los que empezó a comprar cocaína para enviarla después a Mallorca mediante correos humanos. En la isla, el otro líder de la banda siguió trabajando para distribuirla hasta que su sociedad se disolvió por desavenencias sobre cómo llevar el negocio. Ambos siguieron traficando por separado y reclutando a nuevos distribuidores. Mientras, en Barcelona otra rama de la organización distribuía cocaína por su cuenta. Al frente estaba una mujer que se abastecía de droga en Colombia.
Algunos miembros de la red trataron de blanquear los beneficios del narcotráfico con negocios legales. Uno de los implicados compró por 50.000 euros 900 participaciones de la sociedad que explotaba el restaurante del club militar Es Fortí, en Palma; otro abrió una panadería y una tintorería en la provincia de Barcelona donde además de blanquear el dinero, se almacenaba y se vendía la droga.
Las investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil culminaron en el verano de 2016. Una gran operación llevada a cabo en dos fases diferentes desmanteló la organización. En junio fueron detenidas 25 personas en Palma, Illetes, Marratxí y Can Picafort y los agentes decomisaron más de 2,5 kilos de cocaína y unos 70.000 euros. A finales de agosto, los investigadores detuvieron a los presuntos miembros de la rama que operaba en Barcelona.
La fiscalía imputa a los 37 procesados en esta causa delitos contra la salud pública. Cuatro de ellos, además, están imputados por blanqueo de capitales. En total, los sospechosos se enfrentan a penas que suman 358 años de prisión. Las peticiones de pena más elevadas son para los cabecillas. El ministerio público reclama 17 años de reclusión para uno de ellos y 14, 13 y 11 para otros seis. El resto de sospechosos afrontan condenas de entre 6 y 9 años.
El macrojuicio se celebrará a lo largo de varias semanas en la Audiencia de Palma, que trabaja para habilitar una sala para la gran cantidad de acusados y letrados. El tribunal de la sección segunda ha fijado una vista previa para el próximo día 11. Los abogados y la fiscalía han iniciado conversaciones para tratar de alcanzar un acuerdo de conformidad.
