En torno a un centenar de trabajadores del Centro Penitenciario de Palma, afiliados a la totalidad de los sindicatos, se concentraron ayer ante la sede de la Delegación del Gobierno en Balears para denunciar el aumento de las agresiones físicas a funcionarios. Por este motivo, los manifestantes exigieron la dimisión de la directora de la cárcel, María Jesús de Dios Corchero, y del subdirector de seguridad de la prisión.

Los sindicatos ACAIP, APFP, ATP, CCOO, CSIF y UGT alertaron ayer de un aumento muy significativo de la conflictividad durante el presente año. En concreto, esta escalada de la violencia tras los barrotes responde, a su juicio, a la llegada de internos de primer grado procedentes de la Península, " que no tienen ningún tipo de arraigo en esta isla". Según la denuncia sindical, se trata de los internos "más peligrosos".

Las organizaciones sindicales no dudaron en calificar de "nefasta" la gestión de esta situación de conflicto que está realizando el actual equipo directivo del Centro Penitenciario.

Paradójicamente, este aumento de las agresiones físicas a funcionarios se produce en un momento en el que ha disminuido la población reclusa en la prisión palmesana.

Así, de acuerdo con los datos de los sindicatos, en 2016 se produjeron 29 agresiones a funcionarios de la cárcel de Palma. Mientras que tan solo en los ocho primeros meses de 2017 se ha superado ya esta cifra. Se han registrado 34 ataques en los que han resultado lesionados 48 empleados del recinto.

Aunque el número de internos ha decrecido, las organizaciones sindicales sostienen que, en la actualidad, hay 300 reclusos más que la capacidad estipulada para el centro. A este problema, los funcionarios denunciaron que existe "una gran escasez de personal" en todas las áreas, que "dificulta poder realizar la labor de reeducación y reinserción social de los internos".

Finalmente, los trabajadores de la cárcel también aseguraron que hay una "falta de actualización de medios materiales" y la carencia de formación adecuada para su seguridad.

"Estas carencias se han agravado durante los últimos años por los recortes que se han producido en la Administración", subrayaron. Las organizaciones sindicales también rechazaron la contratación de empresas privadas en el centro, que de momento realizan labores de vigilancia y control en el ámbito de la seguridad exterior.

Por todo ello, los sindicatos reclamaron la dimisión de la directora de la cárcel de Palma y la del subdirector de seguridad.