La Unión Federal de Policía (UFP) se ha personado como acusación popular en una denuncia interpuesta por un agente contra el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó y el jefe superior de Balears, Antonio Jarabo, por prevaricación administrativa a causa de una sanción que anuló la justicia.

El policía ha denunciado a Cosidó, Jarabo y otros tres mandos policiales de las islas por imponerle hace tres años una sanción grave que fue considerada injustificada por la sala de lo contencioso administrativo del tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en una sentencia dictada el pasado diciembre.

En un comunicado difundido ayer, el sindicato policial explica que se suma a la denuncia para poner de manifiesto que el jefe superior de la Policía Nacional de Balears "está haciendo un uso fraudulento del régimen disciplinario", que emplea como "arma" con la que "intentar doblegar la voluntad de los policías".

En este caso, el agente fue sancionado por aparcar en un acceso de vehículos, carente de vado, del aparcamiento no autorizado oficialmente de un edificio de la Delegación del Gobierno que solo pueden emplear determinados funcionarios, según la UFP.

Por otro lado, otro sindicato, Alternativa Sindical de Policía (ASP), ha convocado una nueva protesta el viernes ante la Jefatura de Policía de Palma contra la redistribución de turnos de los agentes de radiopatrullas de emergencias del 091 puesta en marcha el 1 de junio y contra la que ya se concentraron el 23 de mayo.

El sindicato asegura que la Jefatura de Policía Nacional "no atiende a las quejas de los agentes" a quienes la redistribución les ha obligado a cambiar de turno, lo que ha supuesto una pérdida económica de 120 euros al mes y la ruptura de la posibilidad de conciliación familiar para algunos policías.