La advertencia del Papa Francisco debería estar grabada a fuego en todos los centros donde hay menores. En este país se han silenciado durante décadas los casos de abusos. Todo para proteger el buen nombre de la Iglesia, de los colegios, de los educadores... Y ya iba siendo hora de que alguien pensara en proteger a los niños.
Por supuesto que obligar a todos aquellos que trabajen con menores a aportar un certificado que confirme que no han sido condenados por agresiones sexuales supone una merma en sus derechos. Pero se trata de limitar un derecho para salvaguardar uno mayor, el que tienen todos los niños a no ser abusados. Nadie está en contra de que un condenado por agresiones sexuales rehaga su vida tras cumplir condena, pero hay ámbitos en los que no puede trabajar. Y desde luego, uno de ellos es el educativo.
Y los colegios, campamentos y centros de menores deberían ser los primeros en mantener muy clara esta barrera, en erigirse en un refugio donde los niños están a salvo.
