01 de junio de 2017
01.06.2017
Tribunales

La tormentosa vejez del expolítico

El fiscal pide cuatro años de prisión por quedarse los ahorros de un anciano mediante engaños

01.06.2017 | 23:49
Jaime Fernández Abad, ayer durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial.

Juicio por estafa. A sus 85 años, Jaime Fernández Abad fue juzgado ayer por estafar 44.000 euros a un conocido. Exvicepresidente del PP de Calvià, fundó un nuevo partido -el PRIB-, fue asesor del Ayuntamiento con Carlos Delgado y estuvo a punto de ser Defensor del Ciudadano. Fue detenido, juzgado y absuelto por el 'Caso Scala' de corrupción

Jaime Fernández Abad no está teniendo una vejez plácida. A sus 85 años, el que fuera vicepresidente del PP de Calvià, fundador del Partido Renovador de las Islas Baleares (PRIB), asesor del Ayuntamiento en la etapa de Carlos Delgado –a 50.000 euros anuales– y estuvo a punto de ser nombrado Defensor del Ciudadano, volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados. Detenido, juzgado y absuelto por el ' Caso Scala' de corrupción política, Fernández Abad se enfrenta ahora a cuatro años de prisión por estafa agravada y con abuso de confianza por apropiarse de 44.000 euros de otro anciano, los ahorros de toda su vida, con falsas promesas de inversiones. El expolítico negó todas las acusaciones durante el juicio celebrado en la Audiencia y su abogado pidió la absolución.

La fiscalía sostiene que a través de despacho profesional en Palmanova, donde ejercía como perito judicial y asesor inmobiliario, Fernández conoció a la víctima, de 79 años, en 2009. Poco a poco, según la acusación, fue asistiéndole en la administración de su patrimonio y ganándose su confianza para hacerse con su dinero bajo la promesa de invertirlo y generar grandes beneficios.

El perjudicado explicó al tribunal, con muchas dificultades por su precaria salud, cómo el acusado le propuso invertir "en un parque acuático". "Yo me fiaba de todo lo que él me decía. Conocía toda mi situación, sabía lo que tenía en el banco y me convenció para sacar los 44.000 euros. No me los ha devuelto", afirmó el denunciante, que declaró en silla de ruedas.

La retirada del dinero tuvo lugar el 24 de febrero de 2010 en una sucursal de Banesto, entidad para la que Fernández Abad, como él mismo admitió, había colaborado captando clientes. El empleado que entonces trabajaba allí de cajero recordó cómo aquel día el sospechoso y la víctima acudieron juntos al banco para sacar el dinero de la cuenta. "[El denunciante] le dio el dinero al acusado y salieron juntos por la puerta. Le dijimos que tuviera cuidado, porque no nos fiábamos de ese tipo de operaciones", afirmó.

Fernández Abad negó las acusaciones y contradijo la versión del denunciante. "Apareció en mi despacho en 2006 para vender su casa. Venía dos veces por semana, para mí era un empreño. Vi que estaba despilfarrando dinero, porque pagaba 700 euros por una habitación, llamaba a teléfonos eróticos y del tarot, comía todos los días fuera de casa... Se gastaba 3.000 euros al mes", afirmó. El procesado aseguró que en 2007 prestó 12.000 euros a la víctima y que le gestionó la venta de un inmueble por 126.000, pero negó haberle acompañado a sacar 44.000 del banco, llegando a calificar de "calumnias y patrañas" las declaraciones del cajero que gestionó la retirada de los fondos. El acusado cuestionó la salud mental del perjudicado y afirmó que llegaron a expulsarle de una residencia de ancianos por acusar a las cuidadoras de violarlo e intentar envenenarlo. El caso quedó visto para sentencia

Fernández Abad fue en los años 90 vicepresidente del PP de Calvià. En 1998 abandonó la formación y fundó el Partido Renovador de las Islas Baleares, de escaso éxito electoral y que acabó integrándose en el PP. En julio de 2007, el entonces alcalde Carlos Delgado lo incluyó en su larga lista de asesores, con un sueldo bruto de 50.000 euros anuales. Un año después se vio afectado por la reducción de cargos de confianza en el consistorio, pero propuesto enseguida para ocupar el cargo de Defensor del Ciudadano. En septiembre de 2008 fue detenido por el caso Scala, el que acabó con el exconseller Josep Juan Cardona condenado a 16 años de cárcel.

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