La Audiencia Provincial ha ordenado el ingreso en prisión de dos empresarios de la restauración de Palma condenados a dos años de cárcel por explotar a sus trabajadores. Ambos reconocieron durante el juicio que vulneraron sistemáticamente los derechos de sus empleados, con jornadas abusivas, sueldos inferiores a los establecidos, sanciones y tratos vejatorios. Seis meses después de la vista, ambos fueron arrestados de nuevo por hechos similares. El tribunal rechaza ahora su petición de suspender la pena por haber incumplido el requerimiento judicial de regularizar la situación de sus trabajadores formulado hace medio año y, en consecuencia, ordena su encarcelamiento. Esta decisión no es firme, ya que contra ella puede interponerse un recurso de súplica.
Los dos acusados, un hombre de 29 años y una mujer de 28, regentan la cadena de bares El Olivo, con varios locales en Palma. Entre 2013 y marzo de 2015, cuando fueron detenidos por la Policía, vulneraron de manera sistemática los derechos de los trabajadores de sus negocios, por aquel entonces dos establecimientos en las calles Verge de Montserrat y Cardenal Rossell. Ambos se aprovecharon de la situación de necesidad de las víctimas, que necesitaban mantener el puesto de trabajo para hacer frente a sus cargas familiares y las hipotecas de sus viviendas.
Los empresarios daban de alta a sus empleados en la Seguridad Social por jornadas de entre dos y cuatro horas, cuando en realidad trabajaban entre 12 y 14. Los trabajadores percibían salarios inferiores a los estipulados en el convenio colectivo de hostelería, tenían un solo día libre a la semana, no disfrutaban de vacaciones pagadas ni cobraban horas extras ni finiquitos. Además, los propios trabajadores renunciaban a las bajas por enfermedad o los permisos de paternidad por temor a ser despedidos.
A estas ilegalidades su sumaba el trato vejatorio que padecían los perjudicados, con sanciones económicas por la rotura de vasos y platos y a quienes los acusados llamaban "rata", "perro" o "inútil". Los empleados eran vigilados por los empresarios a través de varias cámaras instaladas en todas las dependencias de los dos restaurantes.
Los dos acusados reconocieron estos hechos en el juicio celebrado en la Audiencia en mayo de 2016 tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía. Aceptaron sendas penas de dos años de prisión y una multa de 2.700 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.
La condena, al no superar los dos años de cárcel, les permitía solicitar la suspensión de la ejecución y eludir su ingreso en el centro penitenciario. El tribunal, antes de concederles este beneficio, les ordenó acreditar que habían regularizado los derechos laborales de 17 empleados para reparar el daño causado y pidió a un inspector que evaluara la situación.
Un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, fechado a principios de este mes ,reveló que las ilegalidades persistían. Los acusados no habían tramitado el cambio de los 14 empleados que trabajan a jornada completa con contratos a tiempo parcial ni les han abonado las diferencias entre el salario que cobraban y el que les correspondía, ni las horas extras ni las vacaciones o descansos no disfrutados.
El tribunal considera que la actitud de los condenados ha sido "absolutamente pasiva" y que "no han reparado absolutamente nada". Los magistrados entienden que, dado que la acusada es titular de cuatro negocios con 21 trabajadores, disponen de una solvencia económica suficiente para cumplir con esas obligaciones. Por ello, rechaza suspender las condenas y ordena que ingresen en prisión para cumplirlas.
