14 de febrero de 2017
14.02.2017
Matrimonios de conveniencia

Dos condenados a seis meses de prisión por organizar bodas de conveniencia

La jueza rebajó la pena a estos procesados al apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas

14.02.2017 | 03:04
Solo dos de los diez procesados por concertar presuntamente matrimonios de conveniencia en Mallorca se sentaron ayer en el banquillo de los acusados. La titular del juzgado penal cuatro de Palma condenó a estos dos acusados a seis meses de prisión.

La jueza apreció la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por la que rebajó sustancialmente la pena, en comparación con la solicitud inicial del fiscal, para los dos únicos acusados presentes en la sala por unos hechos que consideró constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial

Así, a una procesada la jueza le redujo la condena de seis años de prisión, como pedía inicialmente el fiscal, a tres meses de prisión y a una multa de tres meses, a razón de dos euros diarios. Mientras, para el otro acusado, la magistrada rebajó de dos años a tres meses de prisión, sustituibles por una multa de seis meses, a dos euros al día. También le impuso una sanción de otros tres meses, con el pago de dos euros diarios. La sentencia fue declarada firme al haber alcanzado las partes un acuerdo de conformidad.

Por otro lado, a otros siete encausados se les declaró rebeldes y para otro procesado la juez decretó una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión.

Denuncia del Obispado
La investigación por una presunta organización se inició a raíz de una denuncia del canciller del Obispado de Mallorca, al detectar la proliferación de matrimonios entre ciudadanos indios y mujeres españolas. Todos estos hechos habrían ocurrido durante todo el año 2009 y los primeros meses del 2010.

A raíz de esta denuncia, agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía iniciaron una investigación.

Los policías de la UCRIF detectaron entonces la existencia de una presunta organización dedicada a concertar "matrimonios canónicos fraudulentos" entre extranjeros –hombres de nacionalidad india– y mujeres españolas.

Los investigadores concluyeron que, a través de estas bodas concertadas en la que se utilizaba documentación falsificada, los foráneos conseguían legalizar la situación administrativa del ciudadano extranjero en España. De esta manera lograban los correspondientes permisos de residencia familiar comunitario y el de trabajo en perjuicio, según el fiscal, del Estado Español.

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