La jueza del caso Patrascu pide el protocolo de malos tratos

La jueza de Inca que instruye la presunta negligencia por no atender a Lucía Patrascu, la mujer rumana de 47 años asesinada por sumarido en el Port de Pollença horas después de acudir al cuartel, ha remitido una providencia a la Comandancia de la Guardia Civil de Balears para qe le aporte, en el plazo más breve posible, el actual protocolo para combatir la violencia de género (Viogen).

La solicitud de la jueza se produce después de que uno de los guardia civiles investigados declarara en el Juzgado de Inca que "a raíz de este suceso se había modificado el protocolo de violencia de género." El agente afirmó en la sede judicial que consideraba que la normativa interna del Cuerpo había cambiado después del crimen.

La magistrada accede así a una petición de la acusación particular. Tras la providencia emitida para que le remitan el protocolo de la Guardia Civil contra la violencia de género podría solicitar la modificación de este procedimiento para cotejar la supuesta variación entre uno y otro.

A primera hora de la mañana del pasado 29 de mayo de 2016, Lucía Patrasco se personó en el cuartel de la Guardia Civil del Port de Pollença con la supuesta intención de denunciar a su marido y advertir de que le tenía miedo. Sin embargo, se marchó a su domicilio sin interponer denuncia alguna ni obtener protección. Cuatro horas después era asesinada por su marido a cuchilladas en el balcón de su vivienda.

Este agente investigado declaró a la jueza que todos los protocolos de violencia de género vienen dictados desde la Dirección General de la Guardia Civil. De acuerdo con sus palabras, "algún general" lo habría firmado.

La principal variación que acarrea la modificación del protocolo de violencia de género de la Guardia Civil, según la declaración del agente investigado, es que solo debe entrevistarse con la víctima el funcionario que vaya a recoger la denuncia.

Un caso civil

Los dos guardias civiles que han prestado declaración ante la jueza de Inca han coincidido en que ofrecieron a Lucía Patrascu la posibilidad de denunciar a su marido, aunque consideraron que se trataba de un caso civil, de divorcio. Por su parte, el brigada que estaba al frente del acuartelamiento del Port de Pollença aseguró que la víctima le había dicho que su esposo no le había pegado ni amenazado.

De acuerdo con esta declaración, el brigada había comprobado en la base de datos con otro agente, que estaba en la puerta y es uno de los investigados. que no le constaban antecedentes al hombre y que no recaía sobre él ninguna orden de alejamiento.

El suboficial, según su declaración ante la jueza, le comunicó a Lucía Patrascu que no podían echar a nadie del piso, ya que su pretensión era que su marido abandonara el piso de alquiler del Port de Pollença donde residían.

El brigada abundó ante la jueza que, con los datos que le había proporcionado la víctima, "no pudo hacer nada, porque no era un caso de violencia de género".

Mientras, el guardia civil que se encontraba en la puerta aseguró que el día de autos había llegado entre las seis y media y las siete menos cuarto al cuartel, cuando su hora de entrada eran las seis, por haberse quedado dormido.

Los abogados de la defensa que representan a los guardias civiles investigados sostienen, por su parte, que no existe responsabilidad penal en sus clientes.