10 de febrero de 2017
10.02.2017
Extorsión

Joaquín el Prestamista acepta un año de cárcel por extorsionar a morosos

El hombre y otros nueve acusados pactan con la fiscalía y admiten que agredieron, amenazaron y retuvieron a varias personas que no pagaban sus deudas - El ministerio público retiró las acusaciones más graves y aplicó una gran rebaja en las penas

10.02.2017 | 09:02
Los diez condenados, durante la vista celebrada ayer en la que reconocieron los hechos.
Joaquín Fernández, conocido como el Prestamista, aceptó ayer un año de prisión y 7.200 euros de multa por extorsionar a ocho personas que le debían dinero. Él y otros nueve acusados –entre ellos su mujer, su hija y su yerno, condenados a penas inferiores– alcanzaron un acuerdo con la fiscalía, que retiró las acusaciones más graves y aplicó una descomunal rebaja en las penas solicitadas inicialmente, 19 años de prisión en el caso de Fernández. Los diez acusados admitieron haber amenazado, agredido y retenido a las víctimas y se declararon autores de delitos de organización criminal y realización arbitraria del propio derecho. Además, se comprometieron a indemnizar a seis de ellas con un total de 36.000 euros por los daños morales.

Los procesados reconocieron que entre los años 2008 y 2012 urdieron un plan para recuperar el dinero prestado por Fernández a varios particulares y los intereses derivados. Para conseguirlo, amedrentaron, amenazaron de muerte y agredieron a los morosos, obligándoles a pedir nuevos préstamos con intereses abusivos y avales sobre sus domicilios o los de sus familiares que acababan ejecutándose.

Fernández gestionaba los préstamos y los trámites de notaría, así como los actos para amedrentar a las víctimas. Su mujer recibía el dinero y colaboraba en las amenazas y las agresiones ocurridas en el domicilio familiar, un chalé situado en Marratxí. La hija, el yerno y un primo de este colaboraban en las extorsiones y se beneficiaban de ellas. Los otros cinco acusados actuaban como intermediarios, apareciendo ante las víctimas como prestamistas o mediadores.

El grupo liderado por Fernández utilizaba varios métodos para conseguir sus objetivos. Imponían intereses de 500 euros diarios a los perjudicados, les amenazaban con matarlos y agredir a sus familiares, les dejaban notas anónimas intimidatorias en los buzones de sus viviendas, les exhibían pistolas y los retenían hasta que les entregaban parte de la deuda o firmaban los documentos requeridos.

La fiscalía imputaba a los acusados delitos de organización criminal, extorsión y detención ilegal por los que reclamaba 19 años de prisión para Fernández, diez para su mujer y seis para el resto. Ayer, antes de la celebración del juicio, el ministerio público y los abogados defensores alcanzaron un acuerdo que redujo las condenas a la mínima expresión tras retirar las acusaciones más graves. Además, retiró los cargos a dos de los doce procesados.

Los diez condenados fueron declarados finalmente autores de delitos de organización criminal y realización arbitraria del propio derecho. Fernández aceptó un año de prisión y una multa de 7.200 euros y el resto de acusados se conformó con 10 meses de reclusión y una sanción de 3.600 euros. Deberán indemnizar a seis de las víctimas con un total de 36.000 euros por los daños morales que les causaron.

Ninguno de los acusados ingresará en prisión, ya que el acuerdo entre la fiscalía y las defensas incluye la suspensión de las condenas, siempre que abonen las indemnizaciones a los perjudicados y no cometan nuevos delitos en los próximos años.

Tras el juicio, Fernández abandonó la Audiencia Provincial junto a su letrado y sus familiares visiblemente satisfecho y haciendo el signo de la victoria con su mano derecha.

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