Madiop Diagne, el presidente de la Associació Senegalesa Mallorquina (Asema), ingresó ayer en prisión por el fraude en los contratos de trabajo de decenas de compatriotas. El juez le impuso una fianza de 5.000 euros que no pudo depositar, por lo que fue encarcelado. Está acusado de delitos de organización criminal y falsedad documental por supuestamente liderar un entramado que, mediante contratos fraudulentos, permitía a inmigrantes de su país regularizar su situación en España. La Policía ha detenido en los últimos meses a medio centenar de personas por este caso y sostiene que él y otros cuatro líderes de la asociación habrían recibido hasta 90.000 euros por estos trámites fraudulentos. Diagne admitió ante el magistrado las irregularidades, pero alegó que obedecían a razones sociales y humanitarias, para que sus compatriotas pudieran integrarse en la isla, y negó haberse lucrado.
La Unidad Contra las redes de Inmigración y Falsificación documental (UCRIF) de la Policía considera que Asema era poco más que la tapadera de un entramado delictivo. La investigación se inició hace unos meses, cuando los agentes detectaron un considerable aumento de la renovaciones de permisos de residencia y trabajo de ciudadanos senegaleses. Para el trámite, aportaban contratos como empleados del hogar o jardineros. La Policía comprobó que detrás de estas contrataciones estaba la ONG liderada por Diagne y que los empleadores eran personas sin recursos para pagar a los trabajadores o no tenían jardín.
Los agentes descubrieron también que quienes obtenían el permiso de residencia por primera vez con este sistema se convertían, poco después, en contratadores de otros inmigrantes senegaleses en situación irregular. También comprobaron que muchos de ellos eran en realidad vendedores ambulantes o personas afincadas en Senegal que solo venían a la isla para renovar la documentación.
Los investigadores de la UCRIF sostienen que Asema basaba su actividad en el asesoramiento a los inmigrantes para la obtención fraudulenta del permiso de residencia en España. Diagne y el resto de líderes de la asociación, algunos de ellos familiares suyos, habrían animado a sus compatriotas a firmar contratos como empleados del hogar y jardineros para, a pesar de no desempeñar ninguna labor, lograr la documentación para regularizar su situación.
Según las pesquisas, los responsables de Asema exigían a cambio de estos trámites el pago de cuotas como socios de la organización. La Policía cifra en 90.000 euros el dinero que habrían recibido mediante esta fórmula. Algunos de los dirigentes de la entidad han revelado a los investigadores que no sabían que su firma estaba siendo utilizada para cometer el fraude y sostienen que colaboraban con Asema de manera altruista. Los agentes encargados del caso han detenido a más de 40 personas que en los últimos meses habrían regularizado su situación en España con este método. Todos están acusados de un delito de falsedad documental y quedaron en libertad tras prestar declaración ante la Policía.
La investigación culminó el pasado domingo con la detención de Madiop Diagne. El presidente de Asema permaneció dos días en la Jefatura de Policía y ayer fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 12 de Palma, en funciones de guardia. Diagne, asistido por el abogado Jaime Bueno, declaró durante algo más de una hora ante el magistrado Manuel Penalva y la fiscal María Moretó.
En su declaración, el acusado admitió su participación en las contrataciones fraudulentas descubiertas por la Policía Nacional. Sin embargo, aseguró que lo hizo por razones meramente humanitarias y negó haberse lucrado con estas prácticas irregulares. Diagne afirmó que todo respondía a un fin social, para ayudar a inmigrantes senegaleses que se encontraban en situación ilegal en España y vivían en condiciones miserables por carecer de los permisos de residencia. Así, justificó la red de empleadores creada para regularizar la situación de estas personas, agravada por la crisis económica.
El sospechoso aseguró también que lo único que recibían a cambio él y los líderes de la entidad eran, solo en algunas ocasiones, unos 50 euros. Este dinero, añadió, iba destinado a proyectos sociales tanto en Mallorca como en Senegal, como el trasladado de material diverso, desde ropa a ambulancias antiguas. Este es uno de los aspectos que la Policía sigue investigando, ya que sospecha que muchos de los donativos recibidos por la ONG no llegaron realmente a su destino.
El juez, como había solicitado la fiscal, decretó el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 5.000 euros de Diagne. El hombre no pudo abonar ayer esta cantidad y a primera hora de la tarde fue conducido por la Policía Nacional al centro penitenciario de la carretera de Sóller.
