Dos mallorquines, Juan Fernández Bustos y Juan P.V., cumplen 15 años de prisión en Cabo Verde por su vinculación con un alijo de 521 kilos de cocaína intervenido en 2014 por las autoridades del país africano. Ambos fueron arrestados junto a otras cuatro personas, condenadas a las mismas penas. Fernández Bustos y otro de los implicados, el canario Carlos Alemán, iniciaron ayer una huelga de hambre indefinida por la situación en la que se encuentran y en protesta "por las ilegalidades en el proceso judicial" que se siguió contra ellos. También lamentan la situación de "desamparo" que sufren por parte de la embajada española.

Fernández Bustos, de 42 años, está recluido en la prisión de Ribeirinha, en la isla de San Vicente. Él y los otros cinco implicados fueron arrestados en noviembre de 2014 por la Policía Judicial del país africano y acusados de transportar 521 kilos de cocaína. Un tribunal les declaró autores de delitos tráfico de drogas de alto riesgo, asociación criminal y blanqueo de capitales agravado, y les impuso penas de entre 15 y 16 años de prisión. "La situación en la que nos encontramos es dramática por haber sido víctimas de un juicio ilegal, de errores judiciales absurdos, con violaciones intolerables en un Estado de derecho, de nuestros derechos de defensa y de la garantía de un proceso justo y equitativo", narra el mallorquín en una carta remitida a este diario. "Durante estos dos años, nos hemos sentido desamparados por la Embajada de España, a quien nos hemos dirigido en repetidas ocasiones sin recibir ninguna ayuda", denuncia.

"Nos detuvieron en Mindelo cerca de la 1.20 horas del día 6 de noviembre de 2014, una hora y media después de haber atracado la embarcación Epinicio en la marina de la ciudad", narra el mallorquín. "Como somos españoles y habíamos llegado en barco, la Policía nos relacionó con una operación antidroga que se había producido momentos antes en Salamansa, en la que otro ciudadano español [el mallorquín Juan P.V.] había sido detenido. Y fue de esta manera que nos acusaron de haber realizado el transporte de 521 kilos desde Brasil hasta la playa de Salamansa, en el norte de la isla. Y sin la mínima prueba -más allá de estar en el sitio equivocado en la hora equivocada- nos condenaron a 15 años de prisión", lamenta Fernández Bustos.

"Y por causa de este error absurdo, incomprensible e inaceptable nuestras vidas fueron destruidas. Cuando nuestros abogados pidieron a la Marina de Mindelo las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia, que podían probar la hora de llegada de nuestra embarcación - y nuestra inocencia- ¡nos informaron de que los discos con las grabaciones de aquella madrugada habían desaparecido!".

Fernández Bustos y Carlos Alemán fueron condenados por blanqueo de capitales a pesar que el canario no tiene patrimonio y que los bienes del mallorquín fueron adquiridos más de diez años antes de la fecha del proceso. Fernández presentó decenas de documentos y testigos susceptibles de demostrar la legalidad de sus ingresos en los últimos años y el Tribunal simplemente omite toda esa información en la sentencia, denuncian los presos.

Según la versión de los reclusos, las empresas Bustos Company SA, de la que el mallorquín es socio, y Bustoland Lda, vendida por él mismo hace varios años, fueron juzgadas y condenadas en este proceso de forma arbitraria.

"Están en huelga de hambre por pura desesperación", dijo Fábio Calhau, uno de los abogados de Bustos, a este diario. "No existe ninguna prueba de su relación con el narcotráfico, no tienen absolutamente nada que ver y van a luchar por su libertad". El letrado señaló que el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde resolverá su recurso en mayo e insistió en pedir el "apoyo" de la embajada española.