La Policía Local y los servicios sociales llevaban tres meses intentando localizar a la mujer nigeriana hallada muerta anteayer en un piso de Palma y a sus tres hijos, que convivieron más de un día con su cadáver. Las alarmas saltaron a principios de curso, cuando el colegio de los menores, dos niños y una niña, de 5, 10 y 11 años, alertó de que ninguno de ellos iba a clase. Todas las gestiones posteriores de la Policía Local, el centro educativo y las servicios sociales de Cort, el Consell y el Govern para dar con ellos fueron infructuosas. Las autoridades habían detectado su situación de "alta vulnerabilidad", pero la mujer "no aceptaba ningún tipo de ayuda", explicó la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago. Una entidad bancaria había iniciado el procedimiento para desahuciarla por impago del domicilio en el que fue hallada muerta. Su precaria situación, según fuentes conocedoras del caso, habría llevado a la mujer a ocultarse en los últimos meses por temor a perder a sus hijos. Los menores, que aparecieron con signos de desnutrición y deshidratación, continuaban ayer ingresados en Son Espases.

La mujer, Chinyere U., llevaba meses en el punto de mira de los servicios sociales. Su perfil de mujer inmigrante, con problemas de salud, aislada socialmente y sin ayuda para hacerse cargo de sus tres hijos llevó al Ayuntamiento asignarle una trabajadora social y una educadora, según explicó Mercè Borràs, regidora de Bienestar y Derechos Sociales de Cort. Tanto Borràs como la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, coincidieron en señalar que la mujer no aceptaba las ayudas que se le ofrecían.

"Es un caso complejo, se trata de una familia sin ninguna red social ni familiar, con un progenitor ausente y el otro [la madre] que evitaba la intervención de los servicios sociales", afirmó Santiago. El padre de los niños, también africano, emigró hace ya varios años a Alemania y al parecer se desentendió de ellos. Las instituciones no confiaban en que pueda ser localizado y se haga cargo de los pequeños.

Tres meses desaparecidos

Desde que empezó el curso escolar en septiembre pasado, ninguno de los tres niños ha acudido a clase. El centro en el que llevan varios años matriculados, el colegio concertado Pedro Poveda, dio la voz de alarma. El absentismo de los menores -detectado ya en menor medida en cursos anteriores- movilizó a inspectores de Educación y al policía tutor y fue comunicado a los departamentos de servicios sociales Cort, Govern y Consell.

El agente empezó en octubre las gestiones para tratar de localizar a la familia y aclarar los motivos por los que faltaban a clase. Ante una posible situación de riesgo para los niños, informó del caso al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). Según explicaron fuentes de estas instituciones, durante estos tres meses se acudió varias veces al domicilio que figuraba en los expedientes, pero al parecer la dirección era antigua y no se encontró a la familia. Tampoco dieron fruto las llamadas telefónicas a la mujer e incluso se contactó sin éxito con los líderes de una comunidad religiosa a la que eran asiduos.

Nada se supo de ellos oficialmente hasta el pasado martes. Uno de los menores abordó a un jardinero en el parque de Son Rutlan y le pidió ayuda. Según le dijo, llevaban varios días sin comer porque su madre estaba muerta. La Policía Local entró en la vivienda indicada por el niño, en el cuarto piso del número 9 del pasaje Cala Figuera y halló el cadáver de la mujer en una cama. Llevaba al menos 24 horas muerta por causas naturales, según la forense, y algunos indicios apuntaban a que podría haber fallecido hasta cuatro días antes. Los menores, muy delgados, hambrientos y con signos de desnutrición y deshidratación, continuaban ayer ingresados en Son Espases. El IMAS se ha hecho cargo de ellos y como establece el protocolo, ahora se intentará localizar a un familiar cercano que pueda hacerse cargo de ellos. Los servicios sociales no confiaban en esta posibilidad, por lo que presumiblemente serán entregados a una familia de acogida o ingresarán en un centro de protección.

Un banco había iniciado los trámites para desahuciar a la mujer del piso de la calle Cala Figuera por impago de la hipoteca, explicaron varios vecinos. Representantes de la entidad habían acudido varias veces a la vivienda sin obtener respuesta. Una de las hipótesis que manejan en los servicios sociales apunta a que la mujer trató de ocultarse durante los últimos meses para evitar que le quitaran la custodia de los niños.