"No sé a qué se dedicaba", espetó ayer uno de los principales acusados de integrar la banda de narcotraficantes colombianos sentados en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. El fiscal antidroga, Adrián Salazar, desmontó poco a poco la endeble justificación. El Ministerio Público solicita para los ocho encausados penas que suman 44 años y medio de prisión.
Pese a que uno de los cabecillas de la organización solo reconocía inicialmente su supuesta adicción a la cocaína, el fiscal no encontró en el procesado una respuesta convincente para explicar la gran cantidad de útiles que tenía en su cuarto para la venta de la droga.
Entre estos utensilios con los que contaba el principal acusado se encontraba una báscula de precisión, bolsas de precinto, una máquina plastificadora. También hallaron dos cuadernos con anotaciones sobre las cantidad que les adeudaban los compradores.
La investigación policial se inició en julio de 2015 y culminó en febrero del presente año. Los expertos del Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía detectaron un colectivo de hombres y mujeres de nacionalidad colombiana que podrían estar implicados en el tráfico de cocaína.
Frecuentes viajes a Colombia
El cabecilla de la organización hacía frecuentes viajes a Colombia para adquirir la cocaína que luego ponía a la venta en Mallorca a través de su intrincada red de distribuidores. De acuerdo con las pesquisas, este era el encargado de suministrar la sustancia estupefaciente. A medida que avanzaron las pesquisas, huyó a Colombia.
Otros dos implicados y la pareja del fugitivo eran los encargados de poner en circulación la sustancia estupefaciente. A continuación, suministraban importantes cantidades a terceros.
La investigación culminó sobre las seis de la tarde del pasado 11 de febrero. Uno de los encausados vendió dos envoltorios con dos gramos de cocaína a un sujeto en un domicilio de la calle Pons i Gallarza.
Los agentes de Estupefacientes interceptaron al comprador y le requisaron la sustancia estupefaciente. A continuación se puso en marcha todo el operativo.
El lugarteniente del cabecilla mantenía una estrecha colaboración con otros dos individuos para poner en circulación la droga que les suministraban desde Colombia.
Los posteriores registros en domicilios de las calles Pons i Gallarza, Andreu Feliu y General Ricardo Ortega sirvieron para confirmar las sospechas. En cada uno de estos domicilios encontraron papelinas de cocaína listas para su venta.
A medida que fue avanzando el interrogatorio a uno de los principales encausados, este fue cambiando gradualmente su discurso. Aunque negó ser el dueño de la cocaína que estaba en el armario de su habitación, reconoció que la vendía "para mis gastos", abundó.
