Los hijos de Lucía Patrascu, la mujer de 47 años de origen rumano que fue asesinada a cuchilladas supuestamente por su marido Ioan Ciotau, de 58, en el balcón de su casa en el Port de Pollença el pasado 29 de mayo, reclamarán al Estado por mal funcionamiento de la administración por no haber protegido a su madre y no haber aplicado el protocolo de violencia machista cuando esta acudió al cuartel de la Guardia Civil de la localidad con la intención de denunciar a su esposo cuatro horas antes del crimen. Los agentes que la atendieron consideraron que se trataba de un asunto civil por una separación de pareja y no vieron un ilícito penal, por lo que no le cogieron la denuncia.
Los familiares de la fallecida, que están personados como acusación particular tanto en la causa del asesinato como en otro procedimiento que investiga a la Guardia Civil por un supuesto delito de omisión del funcionario del deber de perseguir delitos, han comunicado ya al ministerio del Interior, a través de su abogado, que van a pedir la responsabilidad patrimonial del Estado por lo ocurrido. No obstante, debido que ambas causas siguen instruyéndose hay que esperar a que haya una resolución o sentencia firme.
Los hijos de Lucía Patrascu exponen ante el ministerio del Interior que, pese a la "evidente y demostrada" intención de su madre de denunciar los hechos ante la Guardia Civil y obtener protección frente a la peligrosidad de su marido, "lo cierto es que se le invitó a que se marchase sin que pudiera interponer denuncia ni se activasen los protocolos para casos de violencia de género". Además, los vástagos mantienen que podría haberse evitado la muerte violenta de su madre a manos presuntamente de su esposo, Ioan Ciotau, padre de los demandantes, quien permanece en prisión provisional desde hace más de un mes tras confesar el crimen.
El asesinato de Patrascu está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 2 de Inca, competente en los casos de violencia sobre la mujer, mientras que en el juzgado de instrucción número 1 de la capital del Raiguer hay abiertas diligencias contra dos guardias civiles del puesto de Pollença por omisión del deber de perseguir delitos para determinar si su actuación fue correcta cuando atendieron a la víctima en el cuartel.
Según el escrito remitido al ministerio del Interior, Lucía Patrascu acudió pocas horas antes de ser asesinada supuestamente por su marido a las dependencias de la Guardia Civil, donde manifestó lo siguiente: "Vengo a denunciar que tengo problemas con mi marido, que me está acosando y me estaba persiguiendo, que tengo miedo y no sé lo que él es capaz de hacer". La mujer se dirigió al cuartel sobre las seis de la mañana del fatídico 29 de mayo.
Sin embargo, por motivos que están siendo investigados por una magistrada de Inca, no se le recogió la denuncia y se le invitó a marcharse del lugar, sin que se activaran los protocolos reglamentariamente establecidos. Así, horas después, Lucía fallecía apuñalada en el balcón de casa.
