El magistrado Juan Manuel Sobrino, titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma, está investigando si funcionarios de Cort toleraban fraudes de la mafia laboral, el entramado de restaurantes de la ciudad en los que presuntamente se explotaba laboralmente a trabajadores, quienes veían vulnerados sus derechos y no cotizaban a la Seguridad Social las horas que realmente trabajaban, y donde supuestamente se llevaba una doble contabilidad para defraudar a Hacienda. El juez está indagando si la trama contaba con la connivencia de algún empleado público del Ayuntamiento de Palma que hacía la vista gorda y no detectaba un fraude en el fluido eléctrico.
Como informó DIARIO de MALLORCA a finales de mayo, la mafia laboral tenía varios locales del centro de la ciudad enganchados al alumbrado público. Se trata de algunos de los establecimientos de Ángel L.C., uno de los considerados líderes de la red, que continúa en prisión provisional desde mediados de diciembre de 2015, junto a otro de los cabecillas, Joan S.G., que presuntamente controlaba decenas de sociedades.
Precisamente, ayer por la mañana Ángel L.C. fue excarcelado y conducido a los juzgados de Vía Alemania. El supuesto líder de la trama compareció ante el magistrado instructor del caso para declarar en calidad de investigado por un nuevo delito, el de defraudación de energía eléctrica. El hombre guardó silencio y se acogió a su derecho a no declarar. Minutos después, fue trasladado de nuevo a la prisión de Palma.
Semanas antes, fue el turno de su mujer, quien tampoco quiso responder ante el juez y la fiscal por un delito también de defraudación de fluido eléctrico.
Los locales de Ángel L.C. que estaban conectados de forma fraudulenta a la red eléctrica municipal se encuentran ubicados en pleno centro de Palma, en calles tan emblemáticas como Jaime II y San Miguel. Los investigadores descubrieron estos hechos gracias a los informes presentados por el interventor judicial, que controla los restaurantes y establecimientos de la mafia laboral que fueron reabiertos tras su clausura preventiva por mandato judicial.
Ahora, el magistrado que instruye la causa ha comunicado a Cort lo sucedido por si quiere personarse en el procedimiento como perjudicado por los perjuicios económicos que ha sufrido. El juez también pide al ayuntamiento de Palma que informe de las razones de cómo podían estar varios locales de negocio particulares del sector de la restauración enganchados al alumbrado público sin que los servicios correspondientes del Consistorio no se dieran cuenta de esta circunstancia. Además, el magistrado, mediante una providencia, ordena al Ayuntamiento que concrete el departamento y los funcionarios que se encargan de controlar estas incidencias. El juzgado está investigando si algún funcionario colaboraba con la mafia laboral y hacía la vista gorda.
