La Audiencia Provincial ha condenado a 152 años de prisión y multas de casi 20 millones de euros a 30 narcotraficantes que introducían en Mallorca grandes partidas de cocaína y hachís procedentes de Holanda y Marruecos. La droga llegaba a la isla oculta en dobles fondos de vehículos o mediante paquetes postales para abastecer a los clanes del poblado de Son Banya y a traficantes de la Part Forana. Los procesados, la mayoría de nacionalidad marroquí, formaban tres bandas diferentes que colaboraban para proveerse de estupefacientes. Actuaron al menos entre septiembre de 2013 y junio de 2014, cuando culminó la investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Durante esos meses fueron intervenidos numerosos envíos de droga y se decomisaron diez kilos de cocaína y 200 de hachís.
El fallo de la sección primera de la Audiencia considera probado que la red de narcos estaba formada por tres grupos. Uno de ellos estaba asentado en Tarragona y se encargaba de recibir el cannabis y la cocaína procedentes del extranjero y captar a los correos que los trasladaban después a Mallorca. El método más habitual eran los dobles fondos en vehículos que llegaban en barcos desde Barcelona y Valencia.
La droga era recibida en la isla por las otras dos bandas, unidas por vínculos familiares. Los cabecillas y sus lugartenientes se encargaban desde Palma de gestionar la compra de grandes partidas de estupefacientes tanto en la península como en Marruecos y Holanda. A través de intermediarios, buena parte de la droga llegaba a clanes de traficantes de Son Banya y, en menor medida, a vendedores de Algaida y Pollença.
Las pesquisas conjuntas de la Policía Nacional y la Guardia Civil permitieron interceptar varios envíos de droga a su llegada a Palma. En un doble fondo tras el tubo de escape de un coche procedente de Barcelona hallaron cinco kilos de cocaína y bajo los asientos traseros de otro vehículo aparecieron otros dos. La red disponía además de un local en el polígono de Son Oms donde se extraía la droga de los automóviles con la ayuda de un elevador hidráulico y se almacenaba hasta su distribución. La investigación culminó en el verano de 2014, cuando los agentes llevaron a cabo la operación 'Brasada Code' y desmantelaron las organizaciones.
Doce de los 3o procesados, la mayoría de ellos correos contratados por las bandas y con un papel secundario en la trama, alcanzaron un acuerdo con la fiscalía y se conformaron con penas de tres años de cárcel por un delito contra la salud pública. Según relataron, les ofrecieron entre 2.500 y 3.000 euros por llevar a cabo los transportes de droga en dobles fondos de vehículos o las recogidas de los paquetes postales con estupefacientes.
El resto de los sospechosos, los considerados cabecillas y lugartenientes de los grupos que se enfrentaban a las peticiones de pena más elevadas, se acogieron a su derecho a no declarar o bien negaron su implicación durante el juicio celebrado a principios de abril en la Audiencia.
El tribunal de la sección primera, en una extensa sentencia, ha dado ahora por buena la tesis de la fiscalía y ha condenado a todos los acusados. El fallo les declara autores de delitos contra la salud pública -varios con la circunstancia agravante de reincidencia- y de integración en grupo criminal. Las penas más duras, de hasta nueve años y medio de cárcel son para los líderes de la red de traficantes, quienes gestionaban la compra, trasladado y distribución de la cocaína y el hachís.
La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, impone además multas totales de casi 20 millones de euros a los 30 condenados y decreta el decomiso de los once vehículos que fueron intervenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco de la investigación.
