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Investigación

El líder de la mafia laboral, excarcelado para registrar dos cajas de seguridad

El juez ordenó la apertura para comprobar si había dinero o documentos, pero estaban vacías

s policías trasladan a Juan Antonio S.G., líder de la mafia laboral, ayer en los juzgados de Pa

Juan Antonio S.G., el supuesto líder de la mafia laboral, fue excarcelado ayer para presenciar la apertura de dos cajas de seguridad suyas en una sucursal bancaria de Palma. La Policía y una comisión judicial inspeccionaron los depósitos por orden del juez instructor, y comprobaron que estaban vacíos. Tras esta diligencia, el hombre fue conducido de nuevo al centro penitenciario, donde permanece desde el pasado 17 de diciembre.

La Policía y el titular del juzgado de instrucción número 1, que investiga el caso, conocen desde hace un tiempo que el jefe de la red tiene dos cajas de seguridad a su nombre en una entidad de la plaza de s'Olivar. Los investigadores tenían sospechas de que en ellas podía guardar una importante suma de dinero procedente de las irregularidades cometidas o documentación relacionada con la trama delictiva.

Así, el empresario fue trasladado a primera hora de la mañana desde la cárcel a los juzgados de Vía Alemania por la Policía. Desde allí fue llevado al banco para presenciar la apertura de estos depósitos ante una comisión judicial y los investigadores de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación documental (UCRIF), que llevan un año investigando sus actividades. Los agentes comprobaron que las dos cajas de seguridad estaban completamente vacías.

Juan Antonio S.G., según las pesquisas, dirigía junto a su hermano Jerónimo un entramado empresarial de bares y restaurantes a través de testaferros en los que supuestamente se llevaba a cabo una doble contabilidad, se explotaba a los trabajadores, se timaba a los clientes y se llevaban a cabo prácticas antihigiénicas. A mediados de diciembre, la Policía llevó a cabo una gran operación que se saldó con la detención de 18 personas -entre ellos los dos hermanos- y el precinto de 33 establecimientos en Palma, Marratxí y Valldemossa. El juez decretó entonces el ingreso en prisión preventiva de seis de los investigados. Los locales clausurados fueron reabiertos semanas después bajo la tutela de un administrador judicial.

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