La Audiencia de Palma ha condenado a 27 años y medio de prisión a una banda que en verano de 2014 se dedicó a confeccionar DNI y pasaportes falsos que eran expedidos en la Jefatura Superior de Policía de la ciudad a cambio de dinero para inmigrantes en situación irregular.

El tribunal de la sección segunda ha impuesto penas que suman 10 años de cárcel, multa y otros 13 años de inhabilitación para el principal acusado, un funcionario de la Generalitat Valenciana con destino en la Administración General del Estado que en esas fechas trabajaba en las oficinas de expedición de DNI y pasaporte de la Comisaría de Palma, por un delito continuado de falsedad en documento oficial, otro de cohecho y por pertenencia a grupo criminal.

El resto del entramado, otros seis sospechosos, naturales de Bolivia, República Dominicana, Senegal y Guinea Ecuatorial, han sido sentenciados a penas que oscilan entre los dos años y los cuatro años y medio de prisión por falsedad documental y cohecho. La sala ha tenido en cuenta que varios de los imputados reconocieron los hechos durante el juicio y se mostraron arrepentidos, si bien no se conformaron con las penas que solicitó la fiscal.

Según se declara probado, el funcionario acusado, que cumple en prisión otra condena de dos años y tres meses por quedarse más de 4.400 euros de ciudadanos que pagaban las tasas de renovación de su DNI en comisarías de Palma y Madrid en 2007 y 2008, se concertó con su pareja y otro hombre para, a cambio de dinero, confeccionar DNI y pasaportes a terceras personas que carecían de documentación española. Uno de los sospechosos contactaba con los inmigrantes y otro hacía de intermediario. Luego, los principales acusados de la red se repartían el importe obtenido de los interesados.

El 'modus operandi' consistía en pedir la renovación de los documentos o decir que se habían extraviado y el funcionario expedía un nuevo DNI o pasaporte con la fotografía del interesado, pero con una identidad y filiación distinta. Estos documentos eran originales.