Un empresario, un familiar de él y otros siete trabajadores han sido detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía. Están acusados, entre otros delitos, de vender comida en mal estado en tres establecimientos de alimentación de Mallorca. Entre otras estrategias, hacían creer a los consumidores que los productos eran aptos para el consumo, pese a que habían excedido la fecha de caducidad. Para ello, manipulaban las etiquetas de algunos de los víveres que vendían.

De los nueve detenidos, ocho están acusados de sendos delitos contra la salud pública. Al empresario también se le atribuyen las acusaciones de amenazas y detención ilegal y un delito contra el derecho de los trabajadores. Al noveno implicado -el familiar del empresario- le imputan únicamente una detención ilegal. Tras pasar a disposición judicial la semana pasada en los juzgados de Palma, la mayoría de los arrestados quedó en libertad con cargos.

Los arrestados trabajaban en una empresa de alimentación de Mallorca que gestionaba tres comercios, dos de ellos en Manacor y uno en Marratxí. La investigación se inició a raíz de la denuncia de varios trabajadores de la compañía investigada. Los empleados protestaron por las malas condiciones laborales. También pusieron en conocimiento de las autoridades el mal estado de los alimentos que vendían y que, según su testimonio, podían poner en peligro la salud del consumidor.

Tras las denuncias, funcionarios de la Inspección de Trabajo y de la Conselleria de Salud realizaron chequeos en las tres sedes. Hallaron cuatro trabajadores sin contrato, productos alimenticios en mal estado y etiquetas para reemplazar las de los productos que estaban caducados. Una importante cantidad de productos caducados estaba preparada para su reparto y distribución, por lo que requisaron unos 300 kilos de alimentos en mal estado.

Los supermercados quedaron clausurados por orden de los funcionarios del Govern, quienes consideraron que el consumo de los productos hallados en los almacenes de los supermercados podían poner en grave peligro la salud del consumidor. Sin embargo, en la puerta de uno de los locales de Manacor han colgado un cartel que dice "Cerrado por obra", pese a que los vecinos no han oído trabajadores en el interior del local ni exhiben un cartel con la licencia de la reforma.

Por parte del Cuerpo Nacional de Policía, se movilizaron agentes de la comisaría de Manacor y de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de Palma. Detuvieron al empresario y a cinco colaboradores que eran conocedores de los hechos. En el momento de la detención, el principal acusado llevaba encima más de 8.000 euros. La Policía Nacional asegura que la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.