Jessica está doblemente afectada por el cierre de la empresa de paquetería OGC. Por un lado, un mes antes de que los propietarios decidieran clausurar la firma sin previo aviso, la despidieron. Además, ella envió a su madre en Ecuador una silla de ruedas, en tratamiento de diálisis, que nunca llegó a su destino.
En torno a 200 personas, la practica totalidad de origen ecuatoriano, se han visto afectadas por el súbito cierre de esta empresa de paquetería. La sede de esta entidad, en el número 8 de la calle Jafuda Cresques de Palma, permanece cerrada a cal y canto. Los objetos que enviaban a sus familiares y allegados a Ecuador, a través de esta compañía, se encuentran por el momento en paradero desconocido.
"Todo ha sido un drama", explica Jessica. Su trabajo durante un año y cuatro meses en la empresa de paquetería se comenzó a enrarecer a principios de año. "Hasta entonces yo no había notado nada raro, pero me adeudaban el sueldo de diciembre y nunca me decían cuándo me lo iban a pagar", subraya.
Cuando ya estaba a punto de transcurrir el mes de enero, Jessica consiguió por fin que le pagaran el mes de diciembre, pero la situación laboral en la que estaba inmersa no tenía en absoluto visos de mejorar.
"El 25 de enero me pagaron el mes de diciembre. Pero ya me dijeron que febrero no me lo podían pagar. Les pedí el finiquito, pero me dijeron que no tenían dinero en ese momento y, a cambio, me hacían los papeles del paro para agilizar la situación", indica. Posteriormente, Jessica comprobó estupefacta que la silla de ruedas y un asiento para la bañera que le había enviado a su madre desde Palma por medio de esta compañía no habían llegado a su destinataria.
Otros empleados de esta empresa de paquetería también se han visto en la calle de la noche a la mañana, al igual que Jessica. No obstante, el grueso de las víctimas son los clientes que utilizaban sus servicios para los envíos postales de objetos a Ecuador.
El Consulado habilita un móvil
El Consulado de este país en Balears ha puesto a disposición de los usuarios afectados el teléfono móvil 666883480. Las víctimas pueden enviar las correspondientes denuncias a través de WhatsApp. Estas serán enviadas, a su vez, a la Embajada para que emprenda las acciones judiciales pertinentes. El número de denunciantes a nivel nacional se estima que puede rondar las 4.000 personas.
Cartel junto a la entrada.
El Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía de la Jefatura Superior de Balears se ha hecho cargo de la investigación de este presunto fraude de grandes dimensiones. Los agentes instan a las víctimas a que presenten denuncias.
