El fiscal reclama una condena de 14 años de cárcel a un funcionario con destino en la Administración General del Estado que trabajaba en las oficinas de DNI de la Jefatura de Policía en Palma por falsedad en documento oficial, cohecho y pertenencia a grupo criminal por dedicarse, junto con otras personas, a confeccionar DNI y pasaportes a terceras personas que carecían de documentación española a cambio de dinero. Este funcionario en marzo de 2015 ya aceptó dos años de prisión por quedarse el dinero de las renovaciones del DNI. El resto del grupo, otros seis acusados, se enfrenta a penas de doce años, nueve y cuatro años de cárcel.
