Cinco de los seis acusados de la banda de paramilitares que cometieron una decena de asaltos a mano armada en domicilios de la isla entre 2011 y 2013 aceptaron ayer en la Audiencia de Palma penas que suman 304 años y medio de prisión. Entre los procesados se encuentra el líder de la organización, Carlos T.A., quien se conformó con la condena más alta: 146 años de cárcel, si bien de cumplimiento efectivo serán 21 años. El cabecilla se declaró autor de un rosario de delitos: organización criminal como director, robos con violencia en casa habitada con uso de armas, detenciones ilegales, lesiones y promotor de un delito de depósito y tenencia de armas de guerra al disponer de un fusil de asalto del ejército con el que perpetraban los atracos.
Otro de los imputados, Juan Carlos R.S., aceptó 75 años y 7 meses de prisión, de los que cumplirá íntegros 12 años. Algo similar ocurre con un tercer asaltante, Gonzalo M.C., que ayer estuvo de acuerdo con una condena total de 46 años y medio, si bien la pena efectiva será también de 12. Mientras, los cooperadores necesarios, Jorge Juan G.B. y Javier V.G., que ejercían las funciones de transportistas en muchos de los robos en los chalés, se conformaron con 20 años y cinco meses de cárcel y 16 años, respectivamente, de los que cumplirán de forma íntegra el triple de la pena mayor como establece la ley, es decir, en este caso 12 años y 8 años y tres meses. Estos cinco sospechosos, que se mostraron arrepentidos y reconocieron los hechos ante el tribunal de la sección primera el primer día de juicio, llevan casi tres años presos. Cuatro de ellos han sido militares, varios han coincidido en el Regimiento de Infantería Palma 47 y también han participado en misiones internacionales en Bosnia, Líbano o Afganistán.
El fiscal modificó ayer sus conclusiones en la cuarta y última sesión del juicio y rebajó su petición de pena para ellos al apreciar las circunstancias atenuantes de colaboración con la justicia y reparación del daño en tres casos. Los cinco procesados se adhirieron a su propuesta.
En cambio, un sexto imputado Pedro Gabriel B.P., el considerado informador de la organización, que está libre, no alcanzó ningún pacto con el ministerio público al mantener su inocencia. Así, el fiscal solicitó para él 33 años y medio de cárcel como cooperador necesario y, de forma alternativa, 17 años y cuatro meses como cómplice. Su abogado defensor, Carlos Portalo, reclamó su libre absolución. De hecho, el letrado aportó una reciente sentencia de un juzgado penal de la ciudad en la que su cliente y otros dos acusados, uno de ellos el líder de la banda, Carlos T.A., han resultado absueltos de un asalto en un domicilio en s'Arenal de Llucmajor.
Última palabra
En el turno de la última palabra, el cabecilla de la organización hizo varias puntualizaciones de varios de los golpes que cometió y destacó su inteligencia: "Tengo un coeficiente de 144 sobre 100. Estudio dos carreras al mismo tiempo en la cárcel, al mismo tiempo. Lo hago para pasar el rato. Además, puedo obtener ahora mismo información del fiscal". El representante del ministerio público le interrumpió: "No lo voy a consentir". La presidenta de la sala intervino y le dijo que se sentara. Carlos T.A. continuó: "Puedo seguir a alguien, saber dónde vive, mirar su buzón, saber su nombre, mirar en Facebook, conocer más detalles, mirar en Google Maps..."
Otro de los militares condenados, Gonzalo M.C., indicó que estaba muy arrepentido: "Creo que no es suficiente con la cárcel y con pagar un dinero. Tengo ahora la obligación de dar lo mejor de mí mismo". El resto de procesados lamentó lo ocurrido y pidió perdón, a excepción del supuesto informador, que proclamó su inocencia y se refirió a tres de los asaltos para desmentir varios datos.
El fiscal en sus informes subrayó que este sospechoso trabajaba en el ámbito de la seguridad privada y que facilitaba "información sumamente relevante, necesaria, sensible y muy efectiva" a la banda. "No es casualidad que esté vinculado hasta en seis hechos distintos. No acusamos por casualidad. No creemos en las casualidades", recalcó la acusación pública. El fiscal añadió que el cabecilla del grupo había dicho que este hombre era su informador. Además, citó todos los asaltos en Puig de Ros (Llucmajor), Son Gual (Algaida), s'Arenal, Santa Maria, Can Pastilla y en el centro comercial de Son Rapinya donde él había tenido alguna relación laboral o personal.
Los agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional, que investigaron a la banda, hicieron hincapié en todos los vínculos del supuesto informador con los domicilios asaltados.
El abogado defensor argumentó que la prueba practicada no acreditaba nada y que el líder de la organización había indicado que él le sacaba los datos. El juicio quedó ayer visto para sentencia.
