La aristócrata Clara U. reconoció ayer en la Audiencia Provincial que pidió a una empleada de su exmarido que lo envenenara a cambio de dinero. Según dijo, no pretendía llevar a cabo el plan, sino que el hombre se asustara al enterarse de la propuesta. Un matiz clave para que la fiscalía rebajara su petición inicial: de cuatro años de prisión por un delito de proposición para el asesinato a una multa de 3.600 euros por coacciones. La procesada acató esta condena y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante medio año.

La mujer, de 51 años, había negado los hechos en todas las declaraciones policiales y judiciales, pero ayer dio por bueno el relato de las acusaciones ante el tribunal de la sección primera. Así, admitió que a finales de mayo de 2013 acudió a la possesió de su exmarido en Santa Maria y propuso a una empleada del hogar que envenenara al hombre. Le ofreció el método, unos polvos que ella misma le facilitaría para que se los echara en la comida, mucho dinero y la posibilidad de huir del país en cuanto la víctima mostrara signos de intoxicación.

Clara U. insistió varias veces en su propuesta hasta que apareció en escena el marido de la empleada y se marchó. La trabajadora quedó sumida en una situación de nervios y ansiedad que le hizo guardar silencio durante más de un mes. El 7 de julio contó a su jefe la macabra propuesta recibida y la aristócrata fue interrogada cuatro días después. La mujer aclaró durante el juicio, celebrado a puerta cerrada, que nunca pretendió llevar a cabo el plan y acabar con la vida de su exmarido, sino solo perturbar su estabilidad emocional.

Tras esta confesión, la acusada se mostró conforme con la pena reclamada por la fiscalía y la acusación particular, que dieron por buena la versión de que su verdadera intención era atemorizar a la víctima y modificaron la calificación de los hechos. Las partes cambiaron la acusación inicial, en la que imputaban a la acusada un delito de proposición para el asesinato, por otro de coacciones. De este modo, Clara U. acató pagar una multa de 3.600 euros y una orden de alejamiento de seis meses de su expareja.

Al concluir la vista, el letrado de la mujer, Carlos Aguirre, aseguró que la sentencia "pone fin a una acusación grave e incierta porque [Clara U.] no tenía intención de causarle daño" y aseguró que su clienta ha vivido "un calvario" desde que ocurrieron los hechos. El abogado afirmó que la empleada del hogar "parece ser que compareció para retirar la denuncia" y que "declaró en 2013, se marchó a su país y está en paradero desconocido" actualmente.

Este extremo fue negado de forma tajante por el letrado de la acusación particular, Fernando Mateas, quien sostuvo que la trabajadora avisó al juzgado de que se iba de España y antes de marcharse ratificó la denuncia inicial.