La trama de empadronamientos irregulares de ciudadanos marroquíes en Porreres actuaba desde el año 2010. La Policía, que ha detenido en los últimos meses a 14 personas -dos de las cuales fueron encarceladas el pasado viernes- por su implicación en esta red, estima que más de un centenar de inmigrantes habrían regularizado su situación en España mediante este fraude.
Los sospechosos, entre ellos un funcionario del Ayuntamiento de Porreres, están acusados de falsedad documental, cohecho, favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a grupo criminal y estancia irregular. Las investigaciones se iniciaron en agosto pasado al detectarse por parte de la Oficina Única de Extranjería un considerable aumento de ciudadanos extranjeros empadronados en el municipio. La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) comprobó que un funcionario estaba facilitando la obtención fraudulenta de empadronamientos de personas que no residían ni habían residido nunca en esa localidad. Este empleado municipal fue arrestado a finales del mes de septiembre y apartado de sus funciones. En las semanas siguientes, los policías continuaron recabando documentos y testimonios y detuvieron a otras nueve personas
A lo largo de la semana pasada se llevó a cabo la segunda fase de la operación, en la que fueron detenidas otras cuatro personas, las máximas responsables del grupo, y se practicaron varios registros en domicilios, una gestoría y la empresa de uno de ellos, en los que se intervino documentación, equipos informáticos y un vehículo de alta gama. Dos de estos sospechosos ingresaron en prisión preventiva por orden judicial.
La trama estaba perfectamente organizada y dirigida por esos dos acusados, marroquíes afincados en Mallorca desde hace años, según informó la Policía. Los cabecillas captaban a ciudadanos de su país con deseos de venir a Europa, que quisieran regularizar su situación en España o tuvieran problemas para renovar sus permisos de residencia. Les cobraban entre 2.000 y 3.000 euros por facilitarles la documentación fraudulenta. Según las pesquisas, el funcionario del Ayuntamiento de Porreres empadronaba a estas personas, algunas de las cuales no habían estado nunca en Europa, para que pudieran acreditar que llevaban tres años viviendo en ese municipio y solicitar así el permiso de residencia por arraigo. La investigación apunta a que más de cien personas habrían regularizado así su situación.
