Varios grupos de policías recorren el centro de Palma a partir de las once y media de la mañana de ayer. Primero, se paran frente al restaurante Diplomatic, en la calle Palau Reial, y pegan un papel en la persiana del local. El letrero reza: "Precinto ordenado juzgado de instrucción 1". Luego, se dirigen a la plaza de Cort y allí comunican a una empleada la orden judicial de cierre del establecimiento. La mujer, en silencio, recoge la terraza y el mobiliario. La escena se repite de forma sucesiva en la plaza Pescadería y en la cercana calle Jaume II. Unos metros más allá, son clausurados varios locales de la plaza Major. Una decena de trabajadores indios, con el rostro desencajado y sentimiento de impotencia, ven cómo su futuro laboral se oscurece.
Ya es mediodía y el sol luce en la famosa plaza porticada. Unos pocos turistas y otros clientes disfrutan de la jornada sentados en la terraza de una pizzería que en pocos minutos será desmontada.
La Policía precinta 22 negocios en la ciudad y en Marratxí. Es el resultado de la 'Operación 14' contra la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social y a Hacienda por parte de una organización criminal, según los agentes.
"No hay derecho, somos muchas personas las que nos quedamos sin trabajo. ¿Qué voy a hacer ahora? Y mi familia, ¿de qué va a comer", se pregunta un trabajador muy afectado, junto a un local precintado en la plaza Major. Un compañero añade: "Llevo diez años trabajando en esta pizzería y nunca he tenido un problema, nunca me han amenazado". Otro joven empleado insiste: "Jamás me coaccionaron, imagina ahora nuestra situación, sin cobrar noviembre ni diciembre". Una camarera detalla: "Yo he abierto como cada día, nadie me avisó".
