Trece narcotraficantes aceptaron ayer penas que suman 48 años y medio de cárcel por distribuir heroína, cocaína, hachís y marihuana en s'Arenal de Llucmajor y Son Gotleu. La red, formada por un grupo de españoles y otro de nigerianos, también introducía drogas en la cárcel aprovechando visitas a familiares y utilizaba a una menor para transportar estupefacientes y captar compradores.

Los procesados admitieron los hechos durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía, que inicialmente solicitaba condenas que sumaban 68 años. La pena más elevada -siete años de prisión- es para una mujer que propinó una patada en la cara a un agente de la Guardia Civil durante un registro. El resto de sospechosos aceptaron condenas de entre uno y seis años de cárcel y a dos de ellos se les aprecia la atenuante de toxifrenia.

Los procesados reconocieron que a principios de 2013 se dedicaban al narcotráfico. Seis de los acusados, de nacionalidad nigeriana, formaban un grupo asentado en Son Gotleu que introducía en Mallorca importantes partidas de cocaína y heroína. La droga era distribuida a otras bandas de traficantes de la isla o vendida directamente al consumidor en domicilios de la barriada palmesana.

Esta organización abastecía de estupefacientes al otro grupo, formado por ciudadanos españoles, que controlaba varios puntos de venta de drogas en las calles Torrent y Milán, en s'Arenal de Llucmajor. Esta red utilizaba a la hija de unos de sus miembros, una adolescente de 14 años, para trasladar la mercancía y captar compradores. La menor ayudaba también a una integrante del clan a esconderse en el cuerpo drogas para introducirla en el centro penitenciario de Palma y entregarla a familiares suyos que estaban presos. Uno de los pases fue abortado por los funcionarios de la prisión, cuando sorprendieron a la mujer con hachís y pastillas para su marido.

Cuando la Guardia Civil irrumpió en las viviendas de estos sospechosos, en junio de 2013, la cabecilla de la banda propinó una patada en la cara a uno de los agentes del instituto armado que la custodiaban. El guardia tuvo que ser atendido en un centro médico, pero no sufrió lesiones graves. Esta mujer aceptó ayer ante el tribunal de la sección primera siete años de prisión por un delito contra la salud pública y otro de atentado, y deberá indemnizar con 210 euros al agente al que golpeó. Los otros doce procesados acataron condenas de entre un año y medio y seis años de reclusión por el delito de tráfico de drogas. Además, todos ellos deberán abonar multas de hasta 11.600 euros.