La Audiencia Provincial juzgará la semana próxima a dos hombres acusados de blanquear en Mallorca más de cuatro millones de euros procedentes de fraudes cometidos en el sudeste asiático. Los sospechosos, uno de ellos marroquí y el otro con pasaportes de Sudán y los Emiratos Árabes Unidos, habrían utilizado un entramado societario para lavar el dinero obtenido mediante estafas y apropiaciones indebidas en Malasia e Indonesia. El fiscal acusa a los procesados de un delito continuado de blanqueo de capitales por el que reclama penas que suman nueve años de cárcel y multas de siete millones de euros.
Según el escrito de acusación del ministerio público, el principal acusado es administrador único de tres sociedades registradas en Palma que se utilizaron para llevar a cabo sospechosos movimientos de dinero. Las cuentas bancarias controladas por este procesado y sus sociedades manejaron más de cuatro millones de euros para ocultar y distribuir fondos procedentes de actividades delictivas, sostiene el fiscal. La acusación destaca tres transferencias realizadas en febrero de 2007, por un valor total de dos millones de dólares procedentes de una persona investigada por la Policía de Indonesia por estafar grandes cantidades de dinero a ciudadanos de aquel país.
Paraísos fiscales
En las cuentas bancarias de las sociedades se detectaron gran cantidad de ingresos y reintegros en efectivo, muchos de ellos en cajeros automáticos de Marruecos, Francia y Reino Unido. Además, se utilizaban para enviar y recibir dinero a paraísos fiscales o países con una gran protección del secreto bancario, como Bahréin o Suiza.
El otro procesado, apoderado de una de las sociedades, supuestamente seguía las instrucciones de su compinche para realizar estas transferencias e incluso realizar el traslado de importantes cantidades en efectivo, de hasta 50.000 euros. El fiscal afirma que los dos sospechosos conocían el origen ilícito de estos fondos y crearon el entramado financiero para lavarlo.
El ministerio público considera que estos hechos constituyen un delito continuado de blanqueo de capitales en relación con delitos de estafa y apropiación indebida. Para el cabecilla, al que considera autor material, reclama cinco años de prisión y una multa de cuatro millones de euros, así como que se le prohíba administrar sociedades mercantiles durante tres años.
Para el otro procesado, al que califica de cooperador necesario, el fiscal pide cuatro años de cárcel y una sanción económica de tres millones de euros. Está previsto que el juicio se celebre el próximo lunes en la Audiencia Provincial.
