Los principales clanes que asumieron la hegemonía del narcotráfico en Son Banya tras la caída de La Paca se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma. El fiscal solicita para los ocho procesados supuestamente vinculados a los clanes de Los Valencianos y a El Cabrero penas que suman 37 años de prisión por presuntos delitos contra la salud pública.
La denominada 'Operación Occidente' culminó hace casi cinco años, la noche del pasado 12 de noviembre de 2010, con la irrupción de más de un centenar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Son Banya.
Efectivos del Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) registraron 16 viviendas del poblado donde presuntamente se vendía la sustancia estupefaciente. La intervención se centró en la calle cuatro y una más en la cinco del conflictivo asentamiento.
Las sospechas no tardaron en confirmarse. Los agentes intervinieron en la redada antidroga más de un kilo de cocaína y numerosas papelinas de heroína. Estos clanes habían sustituido rápidamente a La Paca tras la desarticulación de la tupida red familiar de la histórica narcotraficante.
Los agentes extremaron las medidas de seguridad para evitar que ninguno de los sospechosos pudiera escapar. Así, en primera instancia policías de paisano se adentraron, sobre las siete y media, en coches camuflados en la calle Cuatro del poblado, donde se iban a efectuar los principales registros.
Una vez que estaban localizados estos puntos de venta de droga, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se desplegaron por el poblado para evitar que ningún presunto narcotraficante pudiera escapar. También se movilizaron motoristas de los Rayos.
La búsqueda de la droga se efectuó por medio de guías caninos con sus animales especializados en la detección de la sustancia estupefaciente. Asimismo, efectivos del Grupo de Subsuelo se adentraron en pozos y alcantarillas en busca de dinero y joyas que pudieran haber ocultado los narcotraficantes.
Según precisa el escrito de acusación del fiscal, los ocho encausados se venían dedicando entre los meses de mayo y noviembre de 2010 a la venta y distribución de sustancias estupefacientes. En particular, heroína, cocaína y marihuana.
"Aprovechando la precariedad"
La venta de droga la hacían de manera directa o mediante la utilización de terceras personas. El representante del Ministerio Público resalta que los cabecillas de esta organización de narcotraficantes aprovechaban "la precariedad económica de las mismas derivadas de su situación administrativa irregular en España y la dificultad para acceder al mercado laboral".
A cambio de un pequeño salario, estos sujetos utilizaban "diversas casas y dependencias anejas al poblado". No obstante, estos inmuebles estaban controlados por los cabecillas de la organización. Uno de los puntos de venta más activos de todo tipo de droga era la casa 65 de la calle Cuatro de Son Banya. En dicho lugar, los investigadores detectaron que entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre de 2010 se había vendido marihuana y cocaína de diversa pureza. Ese último día, los agentes detectaron la venta también de heroína.
Otros de los núcleos de narcotráfico eran las casas 66, 68 , 69 , 84, 88 89 y 90 de la conflictiva calle 4 del poblado. En estos últimos puntos de venta la distribución de la sustancia estupefaciente se inició en la primavera de 2010.
En alguno de estos domicilios se llegó a intervenir más 170 gramos de cocaína en roca con una pureza cercana al 90%. Su valor en el mercado ilícito de esta sustancia estupefaciente está cifrado en 33.154,11 euros.
El fiscal solicita para uno de los principales cabecillas de esta presunta organización de narcotraficantes seis años de prisión y una multa de 400.000 euros por un presunto delito contra la salud pública. Para otros seis encausados, la acusación pública reclama una condena de cuatro años y seis meses de prisión. Mientras que para otro procesado, de nacionalidad paraguaya que residía irregularmente en España, el fiscal pide para él cuatro años o la deportación a su país.
El juicio comenzará el miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y se prolongará hasta el viernes.
