La Audiencia de Palma inició ayer el juicio contra dos propietarios de un bar de Magaluf, en Calvià, y dos empleados por presuntamente haber traficado con drogas en el interior del local en el verano de 2014. Los cuatro imputados negaron rotundamente ante el tribunal de la sección primera dedicarse a la venta de cocaína en el establecimiento. Uno de ellos también está acusado de un delito de atentado por agredir a dos guardias civiles que inspeccionaron los baños del pub el pasado 10 de agosto de 2014.
La fiscalía mantiene que las transacciones de sustancias se llevaban a cabo en los aseos del bar después de que uno de los sospechosos, un relaciones públicas, captara a los clientes en la calle y les entregara un ticket con una inscripción con nombres de bebidas alcohólicas. Una vez en el baño, otro de los encausados, que limpiaba la estancia cuando los inodoros se atascaban, presuntamente distribuía las dosis.
Ambos trabajadores rechazaron haber vendido cocaína entre los clientes y el relaciones públicas destacó que los tickets que facilitaba realmente se trataban de ofertas para consumir combinados de alcohol. "No he visto que se traficara en el bar ni que nadie entregara droga. Yo llevaba poco tiempo trabajando allí. Los agentes me registraron los bolsillos", manifestó el joven británico.
Por su parte, los dueños del local, padre e hijo, remarcaron que nunca se ha vendido ninguna sustancia estupefaciente en el establecimiento. El propietario más joven justificó unos mensajes de teléfono que se habían intercambiado los sospechosos alegando que hacían referencia a chupitos que tomaban los empleados. Este encausado sí admitió que luego se enteró de que la Guardia Civil había intervenido varias dosis de cocaína al trabajador que estaba en el baño.
El hombre arrojó una bolsita con droga por la taza del váter al verse descubierto y golpeó a dos agentes, según confirmaron ayer los investigadores en el juicio. Los guardias civiles le incautaron seis envoltorios con tres gramos y medio de cocaína. El imputado ayer negó todos los cargos y dijo que los 435 euros que llevaba en una bandolera eran de una colecta. Un policía le interceptó una nota que quiso hacer llegar a su antiguo jefe. La fiscal pide para él diez años de cárcel y para el resto, ocho años.
