El fiscal pide la clausura durante cinco años de dos empresas implicadas en el entramado de los amaños en el Plan Renove. Se trata de una entidad que se encargaba de dar de baja los vehículos viejos y de trasladarlos hacia los desguaces y de otra empresa especializada en el tratamiento y reciclaje de automóviles, que además podía expedir certificados de destrucción de los coches, un documento que era necesario para poderse acoger a las ayudas públicas que concedía el Estado para potenciar la venta de coches nuevos o seminuevos en el país. El ministerio público reclama la suspensión de las actividades de estas dos entidades por un periodo de cinco años y también solicita que cinco empleados y encargados de estas empresas sean inhabilitados durante el tiempo de la condena para ejercer la profesión dedicada al tratamiento de vehículos y a la chatarra. En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública reclama a los sospechosos una indemnización total que ronda los 21.000 euros para el ministerio de Industria, ya que resultó perjudicado por las subvenciones de 500 euros que concedió para cada comprador de coche. Además de los imputados, también figuran como responsables civiles subsidiarios, las dos empresas de reciclaje de coches, así como cuatro concesionarios de la isla.
