La fiscalía reclama penas que suman 62 años de prisión para una red formada por 21 acusados, la mayoría comerciales de concesionarios de vehículos de la isla, que presuntamente estaban concertados con dos empresas de reciclaje de automóviles para adquirir coches de desguace y que los clientes que se iban a comprar un modelo nuevo pudieran cobrar el Plan Renove, la ayuda pública estatal de 500 euros.
La trama realizó más de 40 operaciones a principios de 2010, hasta que la Guardia Civil de Tráfico descubrió su 'modus operandi' y detuvo a dos personas a finales de mayo de ese año. Una empresa que se encargaba de dar de baja los vehículos viejos y otra de desguace se aprovechaban de la documentación y la identidad de los dueños de estos automóviles para ofrecer, sin que ellos lo supieran, estos datos a particulares o bien a concesionarios con el objetivo de verse beneficiados por las subvenciones del Plan Renove. Así, antes de que los coches fueran dados de baja y sin el consentimiento de los legítimos propietarios, simulaban una compraventa, cambiaban de nombre el vehículo y de esta manera podían obtener la ayuda estatal de 500 euros, según el fiscal.
Para lograr su propósito, los gestores y los comerciales de los concesionarios imputados confeccionaban contratos de compraventa en los que fingían la firma del vendedor en todos los casos. Además, en algunas ocasiones incluso falseaban también la firma del comprador o le hacían rubricar un documento en blanco.
Por ello, el ministerio público acusa a los 21 sospechosos, cinco de ellos responsables o trabajadores de la empresa que daba de baja los vehículos y de la entidad que se encargaba de su despiece, mientras que los 16 restantes son jefes de venta y comerciales de concesionarios de Palma, Inca y Manacor, de un delito de falsedad documental. Para 20 de ellos, la fiscalía solicita sendas penas de tres años de prisión y una multa de doce meses a razón de una cuota diaria de 20 euros al considerar que hay continuidad delictiva. Y para la última imputada, al tratarse solo de un caso puntual, le pide dos años de cárcel y seis meses de multa.
Macrojuicio en Palma
El entramado por los amaños en el Plan Renove previsiblemente será juzgado a mediados de julio en Palma. El juzgado de lo penal número 4 de la ciudad será el encargado de enjuiciar el caso. El macrojuicio está previsto que se celebre en la sede de Vía Alemania en una de las salas de mayor tamaño para dar cabida a la veintena de encausados y a sus letrados. La vista oral está señalada para el próximo 13 de julio y podría prolongarse más de una semana.
El origen de la red se encuentra en una empresa que daba de baja los vehículos viejos y que ofrecía sus servicios ante la puerta de la Jefatura de Tráfico, en la calle Manuel Azaña, en Palma. Así, obtenían los datos de los titulares de estos coches que luego eran proporcionados a los concesionarios con los que estaban compinchados, sin que los legítimos propietarios se enteraran de las operaciones que llevaban a cabo. Cuando un cliente iba a comprar un automóvil al establecimiento, le ofrecían la posibilidad de cobrar la subvención del Plan Renove. Para ello, falsificaban las firmas.
