La Audiencia Provincial de Palma juzgará la próxima semana a un funcionario por presuntamente quedarse los importes abonados por personas que acudían a renovar el DNI o el pasaporte, para quien la fiscalía pide una condena de nueve años de prisión y que indemnice a la Administración del Estado con los 4.847 euros que se apropió entre 2007 y 2008.

La acusación pública considera que el imputado, que era funcionario auxiliar en el servicio de expedición de DNI y pasaportes, se quedó los importes pagados por los ciudadanos para renovar los documentos por caducidad, deterioro, pérdida o sustracción.

Esto habría sucedido a lo largo de once meses, desde que tomó posesión de su cargo el 26 de junio de 2007 hasta que fue suspendido de funciones por estos hechos el 26 de mayo de 2008, y habría afectado a 476 personas. Su comportamiento tuvo lugar tanto en su inicial destino en la comisaría de Moratalaz, en Madrid, como en la Jefatura Superior de Policía, en Palma. El fiscal cree que el acusado, de 54 años de edad, generaba los documentos de identidad sin grabar ningún dato en su chip y se apoderaba de las tasas que pagaban los usuarios.