Un juzgado de Palma ha concluido la investigación del caso Prestamitos, un supuesto fraude piramidal de 14 millones de euros, con la imputación de cuatro personas por delitos de estafa y apropiación indebida. En la causa figuran 25 querellas y 127 denuncias de inversores de toda España a los que captaron prometiéndoles intereses de hasta el 50 por ciento mensual. El magistrado, tras cinco años de pesquisas, considera que existen indicios de que los sospechosos urdieron un entramado empresarial para hacerse con el dinero de los afectados. Otras cinco personas que estuvieron imputadas por el fraude han quedado exculpadas.
El auto en el que el juez Pedro Barceló da por concluida la instrucción considera que existen indicios claros de delito en las actividades del grupo empresarial Es Dinero, fundado en 2005 por el principal acusado, Gabriel F.T. A través de las sociedades Prestamitos, Daar Primera y Antesdesubastarlo ofrecía inversiones con rentabilidades muy altas en cortos periodos de tiempo por depositar el dinero en estas empresas, llegando a prometer intereses de casi el 50 por ciento mensual. Todo bajo promesas de que el riesgo era nulo y que se podía recuperar la inversión en cualquier momento. De este modo logró captar a decenas de inversores tanto de Mallorca como del resto del país. Los clientes llegaron a cobrar los primeros plazos de los intereses pactados, lo que generó una mayor confianza en la inversión y provocó que aumentaran los depósitos y convencieran a familiares y amigos para hacer lo mismo.
El grupo aparentaba una solvencia que en realidad no tenía, ya que los intereses de los clientes más antiguos se pagaban con el dinero que aportaban los nuevos. Los ingresos se destinaban también a inversiones como la compraventa de oro o la adquisición de bienes. Este sistema se vino abajo cuando dejaron de captarse clientes y degeneró en una estructura piramidal, que fue descapitalizando el grupo hasta que dejaron de devolver las aportaciones iniciales y de pagar los intereses prometidos. La mayoría de los inversores perdieron todo el dinero que habían depositado, que el magistrado cifra en unos 14 millones de euros.
El juez otorga a Gabriel F.T. un papel dominante en el supuesto fraude, pero considera también responsable a uno de sus hijos, Juan F.M., administrador de una de las sociedades en cuyas cuentas se ingresaban parte de las inversiones de los afectados. El magistrado considera que tenía conocimiento de las actividades ilícitas, pese a que lo ha negado en sus declaraciones.
El tercer imputado es un presunto testaferro, José R.S., que a cambio de un sueldo de 1.500 euros mensuales aceptó ser administrador de otra sociedad en la que acababan los pagos de las víctimas. A través de esta empresa se compraron varias compañías y se abrieron cuentas corrientes cuyos talonarios llegaban, firmados en blanco, al dueño del grupo.
Finalmente, el juez considera también responsable a uno de los primeros inversores, Juan Andrés M.N., que cuando detectó los impagos y la precaria situación del grupo comenzó a captar clientes sin advertirles de los incumplimientos para tratar de recuperar su dinero.
El auto de Barceló considera que estos hechos pueden constituir delitos continuados de estafa y apropiación indebida y da un plazo de diez días a la fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar su escrito de acusación. El magistrado decreta además el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cinco imputados, entre ellos otro hijo del principal acusado y varios empleados suyos, al considerar que no hay indicios de que participaran en las actividades delictivas.
