El propietario de una tienda de artículos militares de Palma aceptó ayer una pena de dos años y un día de prisión por traficar con armas en su establecimiento. El acusado tenía en su poder un centenar de pistolas, revólveres, subfusiles, carabinas, rifles y ametralladoras, la mayoría de ellas en perfecto estado y con capacidad de disparar pese a que el hombre no tenía licencia. El comerciante, que deberá ingresar en la cárcel, se declaró culpable de un delito de depósito de armas de después de que la fiscalía rebajara su petición inicial de once años de reclusión tras alcanzar un acuerdo con su abogado. El ministerio público retiró además las acusaciones a otros dos procesados, un tornero procesado por manipular las armas y otro hombre sospechoso de haber actuado como enlace entre vendedores de armas y el comerciante, a los que el tribunal absolvió.
Los hechos se remontan a los primeros meses del año 2008, cuando la Policía Nacional arrestó al presunto autor de un robo a punta de pistola en Palma. El acusado explicó que había adquirido el arma en la tienda de artículos militares B-25, situada en la calle d´en Brossa. Las pesquisas del grupo de Atracos se centraron en ese comercio y culminaron a finales de mayo de aquel año con la detención del dueño del establecimiento, Juan Pujadas. Los agentes encontraron en el local y en dos domicilios del sospechoso en Palma y Felanitx un arsenal de más de cien armas de todo tipo. El hombre tenía pistolas, revólveres, subfusiles, carabinas, rifles, ametralladoras, así como más de 15.000 cartuchos.
La investigación de la Policía Nacional apuntaba a que el comerciante, que alegaba ser un simple coleccionista, se dedicaba a la adquisición de armas supuestamente inutilizadas pero que reparaba para luego venderlas de forma clandestina. Según los agentes, el epicentro de su actividad era la tienda que tenía abierta en Palma. Además de al comerciante, la Policía arrestó a dos presuntos cómplices: un maestro tornero ya jubilado acusado de haber reparado armas inutilizadas y un hombre al que se consideraba el enlace entre el comerciante y quienes le vendían las armas en el mercado negro.
Las pesquisas de la Policía concluyeron que la mayoría de las armas incautadas estaba en perfecto estado de funcionamiento y con capacidad de hacer fuego real, a pesar de que el principal acusado no tenía licencia ni guía de pertenencia.
La fiscalía solicitaba once años de prisión para Juan Pujadas por dos delitos de tenencia ilícita de armas y otro de depósito de armas, mientras que para los otros dos imputados reclamaba dos y un año de cárcel respectivamente como cooperadores necesarios.
Al inicio del juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Palma, la defensa de Pujadas reclamó la absolución del hombre. Según alegó el letrado, las primeras escuchas telefónicas a los que fue sometido su cliente eran nulas, por lo que tanto la detención como los registros en sus domicilios fueron ilegales. Además, apuntó que Pujadas se limitaba a la compraventa de armas de coleccionista.
El tribunal de la sección segunda rechazó todos sus argumentos. Tras este revés, el abogado y el ministerio público acordaron, durante un receso, una condena de conformidad. El fiscal Julio Cano modificó sus conclusiones y, aunque mantuvo la acusación contra Pujadas por tres delitos, consideró que el de depósito de armas absorbía a los otros dos debido a su gravedad. De este modo, tanto la defensa como la fiscalía solicitaron una condena para el hombre de dos años y un día de prisión, lo que supondrá que el comerciante deberá ingresar en prisión.
Los otros dos procesados quedaron absueltos al retirarse las acusaciones. El maestro tornero fue directamente exculpado, mientras que el tribunal consideró que el presunto enlace entre los vendedores y el comerciante de Palma ya había sido juzgado por estos hechos tras incautarle un arsenal de armas en Zamora.
