La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a penas que suman 69 años de prisión a 16 narcos que traficaban con cocaína y hachís en Sant Antoni de Portmany, en Eivissa, y varias ciudades de la península. El tribunal de la sección primera impone a cada uno de los procesados entre tres y seis años de cárcel tras validar las escuchas teléfonicas que llevó a cabo la Guardia Civil con la autorización de un juzgado de instrucción, rechazando así las pretensiones de varios abogados que planteraron que los pinchazos eran ilícitos.
El fallo relata que las pesquisas sobre esta banda comenzaron en octubre de 2011, cuando el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil recibió información sobre un ciudadano magrebí que podría ser uno de los principales distribuidores de cocaína en Sant Antoni. Tras confirmar que numerosos toxicómanos acudían al domicilio del sospechoso, los investigadores recibieron autorización judicial para pinchar su teléfono.
Las conversaciones interceptadas permitieron identificar a cinco personas que le compraban droga para venderla luego al por menor. También se averiguó que desde Eivissa se suministraba cocaína a traficantes de Alicante, Zaragoza, Toledo y Ciudad Real, a los que también se localizó.
La Guardia Civil descubrió también las vías de entrada de la droga a la isla, que principalmente llevaban a cabo correos humanos. Así, en febrero de 2012 los agentes interceptaron a una mujer que llegó procedente de Valencia con 147 gramos de cocaína oculta en la vagina. Otra sospechosa, de origen colombiano, fue sorprendida dos días después con la misma cantidad de droga escondida en el organismo.
A lo largo de los meses siguientes los investigadores del EDOA desmantelaron numerosos puntos de venta de droga tanto en Eivissa como en Zaragoza, Ciudad Real, Toledo y Alicante, en los que encontraron diversas cantidades de hachís y cocaína listas para su venta al por menor. En total, fueron arrestadas y procesadas 16 personas, entre las que hay españoles, rumanos, colombianos y magrebíes, como presuntos miembros de esta red.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma rechaza las alegaciones de los abogados de varios de los procesados. Estos alegaban que las escuchas telefónicas a las que fueron sometidos los acusados habían sido ilícitas y que el juez de instrucción no debería haberlas autorizado por no estar fundamentada la petición de la Guardia Civil. Sin embargo, el fallo echa por tierra esta tesis y valida los pinchazos. Además, varios de los sospechosos alegaban que cuando ocurrieron los hechos eran consumidores de cocaína, por lo que pedían que se les aplicara la atenuante de toxifrenia. La Audiencia, sin embargo, entiende que no ha quedado probado que el consumo de droga afectara a sus facultades, por lo que rechaza su petición.
El tribunal considera a los 16 acusados autores de un delito contra la salud pública y les impone penas que oscilan entre los tres y los seis años de prisión, así como a pagar multas que suman más de 35.000 euros. El fallo no es firme y puede ser recurrido.
