La fiscalía solicita penas que suman 72 años de prisión para cinco acusados de introducir en España a jóvenes brasileños a los que luego obligaban a prostituirse en Palma. Con el viaje, las víctimas contraían una deuda con la banda de 4.000 euros, que debían saldar ofreciendo servicios sexuales en locales de varias provincias. El ministerio público imputa a los acusados un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y once de prostitución coactiva.
Según el relato del fiscal, el cabecilla de la red se dedicó entre 2009 y 2010 a reclutar ciudadanos brasileños a los que ofrecía la posibilidad de emigrar a España. Les proporcionaba el billete de avión y una carta de invitación para dar apariencia de legalidad a su entrada en el país como turistas. Sin embargo, las víctimas acababan sin papeles y con una deuda de 4.000 euros con este procesado. Para pagar su llegada a Europa, los jóvenes debían ejercer la prostitución en locales de toda España, a los que eran trasladados en función del volumen de trabajo. Cuatro miembros de la banda se encargaban de cobrar a las víctimas los plazos para saldar la deuda y de su traslado a los diferentes clubes de alterne.
En agosto de 2010, la Policía irrumpió en dos locales que regentaba el cabecilla en las calles Georges Bernanos y Robert Graves de Palma -donde hallaron a seis jóvenes brasileños, venezolanos y lituanos que eran obligados por los acusados a ejercer la prostitución en ellos- y en su domicilio de Barcelona.
La fiscalía solicita penas que suman 40 años de cárcel para el cabecilla de la red, que estuvo en prisión preventiva nueve meses, por un total de doce delitos. Los otros cuatro sospechosos se enfrentan a condenas de entre siete y nueve años de reclusión.
Está previsto que el juicio se celebre la próxima semana en la Audiencia Provincial de Palma.
