La Policía Nacional ha desarticulado en Manacor una red organizada que vendía contratos falsos de trabajo a inmigrantes cuyo cabecilla era un empresario de la construcción, en una operación en la que fueron detenidas 17 personas, la mayoría de origen marroquí.
Según informó ayer este cuerpo de seguridad en un comunicado, la red se dedicaba a facilitar contratos falsos de trabajo para que los inmigrantes pudieran recibir prestaciones fraudulentas del Ministerio de Trabajo, conseguir permisos de residencia por arraigo o renovar los mismos. La Policía calcula que con estos métodos los presuntos delincuentes pudieron defraudar a la Seguridad Social unos 200.000 euros.
El considerado cabecilla del grupo es un empresario de la construcción, José S.L., de nacionalidad española, y entre los detenidos también destaca otro español, el gestor Manuel G.P. Este último, que según la Policía era muy conocido en la zona de Manacor por "arreglar papeles a inmigrantes", se dedicaba a captar clientes y tramitar los documentos. En la misma operación se imputó asimismo a los hermanos Juan y Oscar G.D., quienes, según la Policía, aparecían como administradores de la empresa.
600 euros por contrato
La Policía mantiene que el grupo delictivo creó una empresa ficticia, que no tenía ninguna actividad, a través de la cual el gestor detenido contrataba a trabajadores inmigrantes, que pagaban unos 600 euros a cambio de obtener un contrato de trabajo, que les servía más adelante para cobrar prestaciones, renovar el permiso de residencia u obtener uno por arraigo.
De esta forma, el empresario de la construcción detenido dio de alta en su empresa a más 100 trabajadores con los que ganó ilícitamente unos 60.000 euros y acumuló una deuda en la Seguridad Social que asciende a unos 200.000 euros, según los cálculos de la Policía.
En el curso de la investigación se tuvo también constancia de abusos por parte del gestor, que contrató a un ciudadano marroquí para que trabajase en una finca suya a cambio de un contrato en la empresa.
La operación, realizada por funcionarios adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura de Baleares, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Los arrestados han sido puestos a disposición judicial acusados de falsedad documental, estafa, delitos contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal.
