Un juzgado penal de Palma ha condenado a un año y nueve meses de prisión a un falso procurador por estafar a un inmigrante en la tramitación de los permisos de trabajo y residencia de un familiar. El sospechoso, de 57 años de edad, contactó con la víctima a finales de 2005 en Calvià y se hizo pasar por procurador de los tribunales.
Tras presentarse con un nombre falso e informarle de que se dedicaba a tramitar documentos para inmigrantes, el acusado consiguió que el perjudicado le abonara 7.956 euros. Este dinero lo obtuvo en varios pagos durante un periodo que se prolongó diez meses.
Al final, la víctima descubrió el engaño y se percató de que el hombre no había realizado ningún tipo de trámite judicial ni administrativo en calidad de procurador, ya que realmente no era esa su profesión, ni tampoco de forma privada.
Además, el sospechoso contaba ya con antecedentes penales por delitos de falsedad de documentos públicos y falsedad de documentos mercantiles, según se desprende del escrito de acusación.
El imputado confesó los hechos ante el magistrado de Palma y se declaró culpable de un delito de estafa. Tras admitir su responsabilidad, el juez le impuso una pena de un año y nueve meses de cárcel, así como una indemnización de 7.956 euros, la suma que había defraudado a la víctima.
Octubre de 2005
Los hechos se remontan al pasado mes de octubre de 2005 cuando el encausado entró en contacto con un ciudadano extranjero que deseaba obtener los permisos de residencia y trabajo para su hermano, que en aquellas fechas residía en Marruecos.
El sospechoso se aprovechó de esta circunstancia y de que el perjudicado, representado por el letrado Sebastià Cantallops, tenía solvencia económica. Por ello, se presentó ante el cliente bajo un nombre falso y dijo ser procurador de los tribunales. Además, le comunicó que él mismo se encargaba de la tramitación de documentos para inmigrantes, a sabiendas de que todo ello no era cierto.
De esta manera logró estafar a la víctima y consiguió que esta le entregara la suma de 7.956 euros desde el 29 de octubre de 2005 al 4 de agosto de 2006. Este dinero fue abonado en concepto de la tramitación de los permisos de residencia y trabajo del ciudadano marroquí, si bien el acusado no llevó a cabo ningún trámite judicial ni administrativo. Cuando el perjudicado se percató de que había sido estafado, decidió denunciar lo ocurrido y reclamar el dinero que le había defraudado el falso procurador.
