El Govern decidió en 2004 exigir a seis municipios de Mallorca que tuvieran un plan de emergencia sísmico debido al aumento del nivel de riesgo de terremotos en las islas, con especial incidencia en la construcción de edificios. Las localidades afectadas eran Palma, Marratxí, Santa Maria del Camí, Esporles, Bunyola y Valldemossa. Además, la conselleria de Interior incluyó en la lista a otros 29 consistorios mallorquines a los que aconsejó la elaboración de estos planes, aunque sin carácter obligatorio.

Estas medidas preventivas surgieron después de que el Gobierno central decidiera incorporar al archipiélago entre las zonas de riesgo sísmico moderado debido al movimiento registrado en las placas tectónicas de Argelia. Aunque esta actuación no supone que las islas estén en peligro de registrar terremotos de consideración, las características de sus terrenos –suelos muy blandos en algunas zonas y lugares con fuertes desniveles en la Serra de Tramuntana– las hacen sensibles a los que se están produciendo en el norte de África, de ahí la decisión de adoptar algunas iniciativas de carácter preventivo.

El Govern tuvo en cuenta características como el elevado nivel de edificación en Palma y Marratxí para incluir a ambos municipios en la lista de los más vulnerables al riesgo sísmico.