La Audiencia de Palma celebró ayer el juicio contra un constructor de mediana edad de la isla acusado de haber estafado a una entidad bancaria más de 270.000 euros (unos 47 millones de pesetas) al descontar unas letras de cambio con un documento supuestamente falsificado.
La fiscal pidió una pena de seis años de prisión por un delito continuado de falsedad y estafa, mientras que el letrado de la acusación particular, Luis Moyà Anton, que representa los intereses del banco perjudicado, solicitó cinco años de cárcel para el imputado. El abogado de la defensa, Gabriel Garcías, pidió la absolución de su cliente al argumentar que no había quedado acreditado el delito de falsedad.
Los hechos se produjeron cuando el empresario realizaba unas obras en una urbanización de Marratxí en el año 2000. El hombre negó haber falsificado la firma en las letras de cambio y se mostró dispuesto a reparar el daño causado en la medida de lo posible. Los peritos indicaron ayer ante el tribunal de la sección segunda que no se podía atribuir categóricamente la rúbrica al imputado ni al administrador de otra empresa.
